Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
A pesar de lo mucho que se dice sobre las lealtades eternas entre los grupos criminales, los hechos demuestran lo contrario, y que no siempre prevalecen actitudes como la ley del silencio que fue característica de la mafia siciliana, la famosa omertá, que rara vez fue quebrantada para denunciar a miembros de la organización criminal. Juan Carlos Monzón y Estuardo González son una muestra de que entre los grupos dedicados a la corrupción la ley más importante es la de que sálvese quien pueda, especialmente si se puede responsabilizar de todo a las personas más detestadas por la opinión pública como ocurre en este caso con Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
La figura del colaborador eficaz, contemplada en la legislación precisamente para facilitar el combate del crimen organizado, implica beneficios para quien se convierte en ayuda esencial para resolver casos e incriminar a los que tienen más responsabilidad en la comisión de hechos delictivos. Ya el comisionado Iván Velásquez advirtió que hay que tener especial cuidado con el manejo de tal figura porque en el pasado se ha utilizado mal y ha servido para que verdaderos criminales, peligrosos delincuentes, terminen siendo beneficiados por sus “aportes” que incriminan a otras personas.
En el caso presente creo yo que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad han logrado armar un caso contundente y que aún, y con algunas revelaciones que hizo Eco en su declaración formal, no hay mucho nuevo respecto a lo que se había conocido como resultado del trabajo de los entes a cargo de la investigación penal. Por lo tanto, la figura del colaborador eficaz no sería la más apropiada porque la misma, al final de cuentas, otorga beneficios a quienes se acogen a la misma, pero en este caso no sólo las responsabilidades pueden ser probadas con relativa facilidad sino que, además, tanto Monzón como González fueron pieza clave dentro de la estructura criminal y dirigieron las operaciones en el mismo terreno.
Por supuesto que se puede entender que ambos, en efecto, actuaron bajo la dirección y recibiendo instrucciones precisas de sus jefes superiores, en este caso el Presidente y la Vicepresidenta, pero ello no significa que hayan sido de alguna manera forzados a hacer lo que hicieron o que merezcan reducción de su responsabilidad penal, sobre todo porque es de insistir en que la investigación realizada se ve muy contundente y firme.
En todo caso hay que recordar que el delito de defraudación aduanera es apenas uno de los tantos en los que se produjo actividad criminal y en el que se enriquecieron de manera ilícita altos funcionarios de gobierno. Monzón está hablando de La Línea y del control de las aduanas, pero además de eso hay que decir que él tenía conocimiento de otra gama enorme de negocios realizados, por lo menos, por su jefa inmediata quien amasó una fortuna que no se puede explicar sin entender los niveles de corrupción que afectaron a todo el giro de la administración pública. Reconocer participación sólo en La Línea es moco de pava comparado con todo lo que se hizo durante los tres años y medio que duró la fiesta.
