Rolando Alfaro Arellano

DEDICADO A LOS ABOGADOS EN SU DÍA

Desde hace dos décadas, aproximadamente, hemos intentado por diversos medios académicos, escritos en La Hora, en los tribunales, y textos (Oratoria Forense); llamar la atención de mis lectores, quizás algunos profesionales del Derecho, cobren conciencia para promover por las vías legales requeridas que se modernice el sistema de administración de justicia instaurando el juicio oral pleno.

En el sentido anterior, poco se ha logrado, pues fuera de algunos estudios e investigaciones efectuadas por juristas, o sea, estudiosos respetables de las Ciencias Jurídicas, la costumbre de seguir escribiendo los juicios, ha prevalecido.

Pero, el atraso continúa en el trámite escrito de procesos, al extremo de tener que seguir contemplando a los juzgadores leer los expedientes ante el público y aún en casos demasiado graves para la Justicia nacional.

En consecuencia, pocas personas se enteran de sus derechos y obligaciones constitucionales, confundiéndose en sus propias apreciaciones acerca de los juicios que los medios de comunicación publican diariamente, otras, creen falsamente que se quiere copiar el sistema anglosajón.

La situación descrita permite que personas no conocedoras de las ciencias jurídicas, algunas de ellas pertenecientes a organizaciones no gubernamentales, se atrevan, incluso, pedir en sus círculos sociales y políticos, que se reforme la Constitución Política de la República de Guatemala. Craso error, pues la legislación escrita, o sean, las diversas leyes emitidas desde los años cuarenta, son absolutamente necesarias codificarlas y, en suma, reformarlas.

Mis estimados lectores y público en general, deben comprender que existe la obligación moral de exigir que las leyes vigentes sean reformadas por los abogados que se requieran para tal efecto, sea integrando comisiones codificadoras, o, exigiendo a los próximos legisladores recién electos, que propongan una reforma procesal guatemalteca. Lo demás será, sin duda, pérdida de tiempo.

Los años y siglos siguen pasando, y la población sufriendo por los atrasos de aquellas entidades, políticas o no, que sin conocer el Derecho, pretenden improvisar cargos de sus amigos, sin que éstos posean una preparación apropiada para tales nombramientos. Esto significa que se alientan atrasos innecesarios para los guatemaltecos, pues continúa el atraso en la reforma legal nacional.

Así, como se viene solicitando la modernización política del país, los profesionales de las Ciencias Jurídicas, debemos continuar cooperando ante las instancias competentes, a efecto de lograr que la modernización o cambios que se solicitan, también, sean para la Reforma Procesal Guatemalteca. No hay excusa para pretender ignorar, lo que tanto se viene denunciando en el entorno humano guatemalteco.

Al presente, los legisladores de gobiernos pasados, desde el año de 1986 a la fecha, no han podido acudir a una Codificación Ambiental, y lo más criticable, no han tenido la voluntad política de emitir la Ley de Delitos Ambientales, ni una Procuraduría específica que enfrente los delitos ambientales que en los últimos años venimos con tristeza observando, tales como la contaminación de lagos, afluentes, bosques, y fauna, selvas, acuíferos, que van perdiendo su belleza por la falta de nacionalismo y amor al país.

Por tanto, ya es hora que Guatemala recobre el lugar histórico que le corresponde y que, en verdad, se vele por el interés común y no el individual tan de moda en las últimas administraciones políticas.

Finalmente, las reformas que se están exigiendo por diversos sectores guatemaltecos, deben ser integrales en el campo jurídico y en lo político, adecuarse a las mismas para el bienestar de todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional.

No olvidemos que como lo recomendara el jurista Eduardo Coutüre, en su primer mandamiento, el derecho se transforma constantemente y el abogado que no estudia, es cada día menos abogado. Ello debe enseñárseles a los futuros profesionales, pues no se trata de llenar las aulas universitarias con estudiantes que, en muchos casos, sólo van a perder el tiempo, no leen ni se preocupan por la investigación jurídica que ya debiera ser pan nuestro de cada día.

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