Jorge Mario Andrino Grotewold.
@jmag2010
“Poder contar con un lugar seguro para vivir es uno de los elementos fundamentales para la dignidad humana, para la salud física y mental y sobre todo para la calidad de vida que permita el desarrollo del individuo. Como tal, el derecho a la vivienda adecuada ha obtenido un reconocimiento muy amplio como un derecho humano fundamental y ha sido reconocido en una serie de instrumentos internacionales y declaraciones, instrumentos regionales y leyes nacionales.”
– Declaración de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU – 2004.
La lamentable situación de la colonia el Cambray II ubicada en Santa Catarina Pinula, municipio del departamento de Guatemala obliga a pensar no sólo en acciones de prevención de desastres, sino ir un paso más atrás aún, analizando la razón por la que estas personas decidieron vivir y permanecer en áreas de riesgo. Pareciera que el Estado, incluyendo la Conred y la Municipalidad, se conformaron con “informar” a las personas hace algunos años sobre el riesgo que representaba el lugar para vivir en el lugar, asumiendo que tendrían alguna alternativa a donde ir.
El Estado nuevamente se encuentra ausente de contar con una política social para proveer desarrollo a las personas, en este caso de una vivienda digna. Los antecedentes en esta materia son extraordinariamente escasos, sin embargo, pueden resaltarse importantes esfuerzos como la creación del Banco Nacional de la Vivienda, que luego tuvo que liquidarse y aun cuando estuvo en ese proceso durante muchos años, continuó con la entrega y adjudicación de viviendas, de diferente tipo, desde terrenos hasta viviendas sociales. También como antecedente conjunto al conocido Banvi, se recuerda a la Unidad de Vivienda Popular –Udevipo– que retomó la labor del Banco, y que tuvo su nacimiento desde el recordado Comité de Reconstrucción Nacional, formado a raíz del terremoto de los años setenta y luego reformada su función para proveer de alguna vivienda a ciertos grupos estratégicos.
Estos antecedentes, reunían una política formal de vivienda, que fueron sustituyéndose ante acusaciones de corrupción y ausencia de recursos financieros, creándose para sustituirlos programas más atomizados y con menos financiamientos, como el actual Fopavi –Fondo para la Vivienda– cuyos parámetros, integrantes y objetivos habría que revisar profundamente, para determinar sus alcances y su ejecución formal ante las necesidades de grupos sociales en todo el país.
De esa cuenta que las acciones para alcanzar algún nivel de éxito se han convertido en reactivas, en lugar de preventivas, sinónimo no sólo del desorden de las finanzas del Estado, sino también del poco interés que han tenido los gobiernos –Ejecutivo y Legislativo– para identificar las necesidades de uno de los derechos fundamentales para alcanzar el bien común y la base de creación de una familia, pilar indispensable en una sociedad madura, además de estar plenamente establecido como uno de los elementos más importantes para el país en la Constitución Política de la República. Estas reacciones tampoco cumplen con los cometidos o perfiles de viviendas con orientación social, como pudo conocerse en la reconstrucción fallida por el terremoto en San Marcos hace algunos años. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas que acogió el término “vivienda adecuada”, debe contarse en ese perfil aspectos como saneamiento, seguridad y certeza de propiedad, accesibilidad, habitabilidad y pertinencia cultural, entre otras.
La creación de una política de vivienda implica más que solamente asignar fondos limitados para un pequeño grupo. Significa la creación de oportunidades educativas, culturales, laborales, económicas, sociales y familiares que permitan el desarrollo de las personas no sólo individualmente sino como un colectivo social, que permita mantener una esperanza en un futuro mejor para generaciones venideras.
