Eduardo Villatoro
No recuerdo las ocasiones en las que he abordado el trillado tema referente a reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tal como se encuentra vigente propicia, alienta y cobija la corrupción generalizada, porque al amparar la indefinida reelección de alcaldes y diputados permite que guatemaltecos sin oficio ni beneficio o que ejercen determinadas profesiones liberales conviertan la política en su modo de vivir, la mayoría de las veces sin tener que realizar esfuerzos para que mensualmente reciban su cheque de alrededor de Q30 mil, siempre y cuando sean congresistas rasos, de esos que ni huelen ni hieden, porque los más sagaces se apoderan de cargos en la junta directiva del Congreso o de presidentes de las paradójicamente denominadas mesas de trabajo o comisiones legislativas.
Pero, como se ha señalado hasta la saciedad, esos sueldos, salarios o dietas plenamente legales solamente son una especie de propina para casi todos los parlamentarios, porque sus mayores ingresos provienen de una serie de negocios realizados bajo la sombra del soborno, el cohecho y otras figuras delictivas que es raro el guatemalteco las ignore, y que están vinculados con ministros de Estado, alcaldes, empresarios inescrupulosos hasta sindicalistas venales, sin excluir la cúpula de la administración pública que ha encontrado la vía más expedita para lograr que se aprueben o rechacen proyectos de ley, mediante la entrega de sobres bajo la mesa, cuando aún se conserva una pisca de escrúpulos.
A raíz de los movimientos sociales que determinaron las renuncias, investigaciones y aprehensiones de los señores Pérez Molina y Baldetti, se tornó más apremiante la modificación esencial a la LEPP y otras normativas que son determinantes para la democratización del Estado, y de esa cuenta surgieron iniciativas encaminadas a lograr esas reformas, cobrando relevancia la presentada por el grupo que lidera el rector de la Universidad de San Carlos y básicamente la que planteó el Tribunal Supremo Electoral, con el exagerado optimismo que serían gratamente recibidas por los ociosos representantes y que, en consecuencia las aprobarían casi automáticamente, sobre todo por la presión ejercida contra los parlamentarios por la sociedad civil, expresada en numerosos sectores.
Pero no ha sido así. Ciertamente y para no dar muestras de su vagabundeo legislativo el Congreso aprobó las reformas en sus dos primeras lecturas (sin debate ni discusión alguna), y ahora, cuando se pensaba que la propuesta de modificaciones a la LEPP estaba por enviarse a la Corte de Constitucionalidad, surgen otras enmiendas por adición a las 31 que había aprobado el Honorable, tal como que el Estado pague US$ 10 por cada voto obtenido por los partidos, o sea duplicar sus «ganancias», fuera de más ventajas.
(Un exdiputado devenido en Ministro de Estado le comentó al chismoso Romualdo Tishudo: -Copiar de una persona en un periódico es plagiar; copiar de dos o más en una revista es investigar).
