La falta de prevención en el país ha sido uno de los problemas recurrentes causados por la tradicional ineptitud de nuestras autoridades que utilizan su poder e ingenio para ver cómo pueden robar más del dinero del pueblo, pero jamás para preocuparse por la atención de las necesidades de la población. Uno entiende que en la vida estamos expuestos a riesgos y que los fenómenos naturales muchas veces pasan facturas muy dolorosas y trágicas, pero cuando esas facturas se incrementan por la desidia y la corrupción, es natural que además de sentir el dolor por el sufrimiento de las víctimas y sus deudos, nos embargue la ira ante tanta ineptitud y tanta falta de compromiso en el ejercicio de las funciones públicas.
No tenemos palabras para lamentar la elevada pérdida de vidas humanas tras el deslizamiento de tierra en El Cambray II, jurisdicción de Santa Catarina Pinula. Hombres, mujeres y niños sucumbieron bajo toneladas de tierra, producto del deslave que causaron las constantes lluvias que han caído sobre el territorio nacional en los últimos días. No tenemos control sobre los disturbios climáticos, por más que la mayoría de ellos sean producto de la desidia del ser humano, pero sí deberíamos tener control sobre las condiciones en que vive nuestra gente a la que autoridades irresponsables facilitaron la construcción de viviendas en sitios no sólo inadecuados sino manifiestamente peligrosos. Con tal de comprar votos hasta les legalizaron la posesión de la tierra, esa misma tierra que al final se terminó tragando a familias enteras.
Guatemala carece de programas de vivienda dignos de tal nombre y los fondos que se han establecido para atender la necesidad de una casa digna han sido objeto de la piñatización que se hace con los recursos del Estado para desviarlos a la corrupción. No hay construcción de viviendas ni siquiera a un mínimo porcentaje para compensar el crecimiento de la población, no digamos para atender las necesidades más ingentes de muchos que viven en condiciones de permanente riesgo.
Que conste que en este caso hablar de riesgo es una especie de eufemismo, porque riesgo implica una probabilidad de que pueda ocurrir algo, pero en el caso de Guatemala no hay tales, ya que lo que tenemos es la certeza de que tiene que ocurrir algo porque ni la Conred, ni las municipalidades ni nadie se ocupan de trabajar con las comunidades para explicar las peligrosas condiciones en que están viviendo.
Los funcionarios en nuestro país no se preocupan por la gente y lo ocurrido ahora nos confirma el divorcio entre autoridad y pueblo.
