Gracias a las enormes facilidades que da el sistema político nacional, es imposible conocer a ciencia cierta quiénes están financiando las campañas políticas de los dos candidatos que en segunda vuelta se disputarán el triunfo electoral. No hay modo, materialmente, de determinar el origen de los fondos y, mucho menos, de los compromisos adquiridos a cambio de ese financiamiento que es tan importante en el esquema de nuestra actividad electoral donde no cuentan las propuestas ni los planteamientos, que nunca existen en concreto, sino la pura propaganda en los medios que se financia con ese dinero de oscura procedencia.
Ayer publicamos un reportaje sobre la materia, haciendo ver que la información “oficial” disponible proviene del Tribunal Supremo Electoral que no tiene fuerza para obligar a los políticos a rendir cuentas del monto o el origen de sus financiamientos. Los partidos siempre encuentran subterfugios para engañar no sólo a la autoridad electoral sino a la prensa cuando se les pregunta sobre sus financistas.
De suerte que es imposible saber si el crimen organizado está atrás de alguna de las propuestas o de las dos, pero que se involucra no hay duda porque así ha sido siempre. Y no hablamos sólo del narcotráfico, el más visible de los negocios de esa forma organizada de delincuencia, sino también de los miembros de grupos mafiosos (como La Línea), que necesitan continuar con la protección oficial para seguir haciendo de las suyas.
Aparte está el llamado capital emergente que se nutre de los contratos con el Estado y que compra su privilegio mediante importante aportaciones a las campañas electorales. El mismo es muy amplio y variado e incluye desde constructores hasta usufructuarios de las frecuencias radioeléctricas del Estado, pasando por proveedores de medicamentos, transportistas urbanos y “empresarios” por el estilo.
No queda fuera, desde luego, el capital tradicional que se las lleva de honorable pero que no le hace asco al negocio con el Estado que se garantiza con aportes de campaña que pueden ser en efectivo o en especie. Por ello, porque son tantos los involucrados en ese putrefacto financiamiento es que resulta imposible atajar la corrupción por más esfuerzos que se hagan, porque la colusión de intereses es enorme y porque los políticos están prestos para someterse a los dictados de quienes les dan el dinero indispensable para hacer la propaganda que les permite garantizarse el voto de una masa poco reflexiva que, ciertamente, cree que su voto cuenta y lo emite con entusiasmo aunque al final sea un harakiri.
