Julio Roberto Bermejo González
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A veces se dan noticias que hacen despertar la conciencia ciudadana al hombre. Durante los últimos 30 años los guatemaltecos hemos tolerado el abuso de los gobernantes y el saqueo de las arcas nacionales por parte de la clase política, pero hubo un movimiento en el que el gigante despertó al darse cuenta que la Vicepresidenta y el propio Presidente de la República pusieron de manifiesto su descarado enriquecimiento y que lideraban una banda que facilitaba el contrabando y de la defraudación aduanera. Por acción del Ministerio Público y la CICIG se confirmó que la corrupción se había extendido a múltiples sectores de la administración pública, no siendo ajeno a ello empresas del sector privado. El 16 de abril marca un nuevo y glorioso momento en la vida nacional, porque la sociedad civil urbana –fundamentalmente en la capital y en las cabeceras departamentales- en forma compacta y solidaria y expresándose en una sola voz protestó en contra de la corrupción y la impunidad con que se manifestaba la clase política, usando ésta como instrumentos las contrataciones sin licitación –compras por excepción-, los fideicomisos, las bolsas solidarias, las compras de fertilizantes, las plazas fantasmas y muchos otros mecanismos poco transparentes.
El movimiento social tuvo su primer gran triunfo después de multitudinarias concentraciones, con la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y días después con la forzada renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Una batalla se ha ganado pero no la guerra y la evidencia de ello es que el Congreso de la República no ha respondido al clamor popular para que se reforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos, porque se ha entretenido “manoseando” el proyecto que envió el Tribunal Supremo Electoral y una cosa similar está pasando con los otros proyectos de reforma como la del Servicio Civil, Comisiones de Postulación, la de Contrataciones del Estado, la de la Superintendencia de Administración Tributaria, la Ley Orgánica del Congreso de la República, la Ley de la Carrera Judicial y algunas otras que se niegan a conocer los señores Diputados. Un grave foco de corrupción está intronizado en el Congreso de la República y es por ello que las manifestaciones de la sociedad civil ante el Congreso de la República no deben cesar, porque la revolución ciudadana todavía no ha concluido su labor. Son muchos los diputados corruptos y se encuentran en todos los partidos políticos allí representados.
El clamor popular no pudo lograr que se suspendieran las elecciones y se llegó a ellas presentándose a reelección los mismos corruptos y se reeligieron un gran número de los diputados impresentables, incluidos los que están sujetos a Antejuicio, los que al haber sido electos pretenden legitimarse. En la misma forma se reeligieron un gran número de Alcaldes señalados de corrupción y de transfuguismo. Muchos de ellos, al igual que varios Diputados, están sujetos a proceso de Antejuicio o no cuentan con finiquito. Las elecciones evitaron la reelección de algunos, pero la gran mayoría de Diputados -más de ochenta- se reeligieron porque se colocaron en los primeros puestos de la lista nacional y distrital. A nivel de los Diputados y los Alcaldes, el caciquismo funcionó y así tenemos a varios Diputados y Alcaldes corruptos reelectos. Esto pone en evidencia que las elecciones nos condujeron a lo mismo y no fue éste el propósito de esa gran movilización social que se produjo. Este escenario es frustrante.
La revolución ciudadana que rechaza la corrupción y la impunidad debe continuar expresándose, ahora manifestándose ante el Congreso de la República, porque todavía no se han logrado las reformas institucionales que el país requiere y que han sido demandadas. Este Congreso no es capaz de hacer las reformas necesarias a las leyes mencionadas y por tal circunstancia los proyectos de reformas deben surgir de las propias instituciones implicadas, integrándose –con participación de la sociedad civil, los tanques de pensamiento y otros profesionales expertos- comisiones capaces de preparar proyectos de reforma integrales, los que deberán trabajar con la celeridad correspondiente y presentarlos al Congreso de la República para su inmediata aprobación o para que se aprueben al instalarse la próxima legislatura. Los señores Diputados deben de comprender que la ciudadanía está harta de su ineficiencia y que les demanda un último gesto de responsabilidad. La Ley Electoral y de Partidos Políticos es urgente y debe aprobarse el proyecto que envió el Tribunal Electoral.
Al nuevo Presidente y Vicepresidente también le corresponde una labor urgente y dentro de las limitaciones de tiempo que tienen deben hacer una profunda depuración de las dependencias que integran el Ejecutivo y queda incluido en ésto las miles de plazas fantasmas existentes, los Contratos por Excepción y los Fideicomisos.
La paz, la seguridad, la libertad y el desarrollo de la población guatemalteca demandan cambios profundos, ya que de lo contrario el sistema político seguirá siendo el mismo y esto es inaceptable.
*Doctor en Derecho
