Javier Estrada Tobar
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Todo lo malo se puede poner peor. Es un viejo y sencillo enunciado que aplica perfectamente para referirse a la situación que vive actualmente Guatemala. Si bien el estado del país, golpeado por la corrupción y la impunidad es verdaderamente lamentable, tenemos que tener claro que las cosas aún pueden ir mucho peor.
Creo que uno de los factores determinantes para empeorar es la peligrosa comodidad de los ciudadanos, que nos conformamos con poco y nos distraemos con facilidad; una prueba de eso es que, tras las capturas de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, y el fracaso electoral de Manuel Baldizón, el clamor popular contra la impunidad y la corrupción aminoró, y dejamos de lado la presión para renovar las instituciones del Estado.
Ahora estamos muy cómodos porque los rostros visibles de la corrupción están tras las rejas, pero nos olvidamos que el sistema de partidos políticos que se encarga de parir y dar vida política a muchos otros corruptos, está más vigente que nunca y que la oportunidad de unos pocos para hacer negocios con nuestros impuestos y está a la orden de los oportunistas.
Las elecciones del pasado 6 de septiembre nos dejaron dos opciones para la Presidencia, que están muy lejos de representar un cambio profundo para Guatemala, un Congreso dominado por los partidos que desde hace ya varios años son cuestionados por ser partícipes de la corrupción y autoridades municipales que en una mínima medida representan los intereses de la población.
Sin las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no debería extrañarnos que de los partidos políticos surjan otros «Otto Pérez” y “Roxana Baldetti”, que intenten gobernar sin respeto por la transparencia y la rendición de cuentas, y que las cosas sigan como estaban al principio del Gobierno del Partido Patriota.
No podemos sentarnos a esperar a ver cómo el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala van a resolver nuestros problemas, simplemente porque no lo pueden hacer. Claro que hacen un gran trabajo para eliminar estructuras de corrupción, pero su esfuerzo nos es suficiente sin cambios más profundos, que pasan por cambiar las reglas de la política y de la administración del Estado, y para eso se necesita la presión ciudadana.
Si no exigimos nuevas reglas para el manejo de los recursos públicos, las compras por excepción, los contratos abiertos y los fideicomisos continuarán como las herramientas preferidas los que se enriquecen a costa del erario, y solo continuarán vigentes las recetas mercantilistas de quienes ya han robado los recursos del Estado.
Si pensamos que una democracia tiene que evolucionar y madurar, porque la dialéctica es una característica inherente a las sociedades, tenemos que ver nuestra inmovilidad y conformismo como una ruta hacia el fracaso.
De los guatemaltecos dependerá que el 2015 pase a la historia como el año en que tres docenas de funcionarios fueron a la cárcel por corruptos, o como el año en que se cambió el sistema y se estableció una época de transparencia y justicia en el Estado. Pensemos que las cosas también pueden mejorar, pero se requiere de un esfuerzo ciudadano sin precedentes. Dejemos de lado la comodidad.
