Raul Molina
Se generaliza la opinión de que las reformas a la LEPP que el Congreso analiza deben ser rechazadas. Es indispensable primero cambiar la Constitución, mediante Asamblea Nacional Constituyente, y luego proceder a la reforma total de la Ley. Coincido con la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala que sugiere que en la nueva constitución y en la nueva LEPP se modifiquen conceptos básicos sobre representación política.
Se exige ciudadanía efectiva para las y los ciudadanos guatemaltecos en el extranjero. No es solamente votar para presidente y vicepresidente, como se ofrece ahora, sino que considerar a la Diáspora como distrito electoral 24, para elegir a mandatarios, congresistas, por lista nacional y por el distrito, según el número de ciudadanos, y representantes ante el PARLACEN. ¿Quiénes pueden proponer candidaturas? Hoy, para nuestra desgracia, solamente los partidos políticos. Ha llegado el momento de quitar ese “derecho de llave” y tener la posibilidad de nominar desde comités cívico-políticos; será obligado también el cambio de la elección de autoridades municipales.
Mecanismo principal de corrupción e ilegitimidad ha sido el transfuguismo. Si una persona electa no puede seguir representando a la fuerza política que lo haya llevado al cargo debe renunciar tanto a dicha fuerza como al cargo. No son “cargos personales” y deben existir estratos de responsabilidad. Por diversas circunstancias, debe preverse la salida de los cargos. Tiene que existir un mecanismo político que castigue de manera inmediata la gestión pública abusiva, ilegítima o corrupta: el voto revocatorio, debidamente regulado. Previo a la elección, se debe establecer el voto nulo vinculante, para que la ciudadanía pueda exigir una nueva elección. Las reelecciones deslegitiman el accionar político y, afortunadamente, están vedadas para la presidencia. Debe vedarse también que un expresidente pueda optar a otros cargos de elección. Para diputados, debe establecerse que no se pueda servir en más de dos legislaturas consecutivas y no más de tres de por vida. Los períodos para alcaldes deben quedar restringidos a dos, ya sean continuos o separados. Deben establecerse normas confiables para vigilar el financiamiento y la transparencia en el uso de los recursos con fines políticos (se ha de profundizar el estudio de la CICIG sobre el financiamiento de los partidos políticos). La mayoría de los recursos tendrían que provenir del Estado, para que no sean los negocios lícitos o ilícitos los que determinen la vida política.
Es clamor popular que las y los diputados no se constituyan en “clase aparte”, así como que se hagan merecedores de sus honorarios y pagárseles por trabajo efectivamente realizado. Son inaceptables los elevados salarios y el ausentismo a las sesiones, así como su incapacidad o negligencia para tomar decisiones. Los partidos políticos deben sufrir una profunda transformación, ya que actualmente son estructuras autoritarias y antidemocráticas, dedicadas solamente a la mecánica electoral. Hay que reconvertirlos para que sean vínculos legítimos entre la sociedad y el sistema político.
