Para la mayoría de guatemaltecos el problema de nuestras prisiones es poco relevante porque afecta únicamente a un puñado de personas que, a juicio de la mayoría, no merecen contemplaciones y muchas veces ni siquiera un trato digno. Pero la realidad es que se trata de un inframundo provocado por la desidia de autoridades a lo largo de muchos años que han preferido dejar el control de las prisiones en manos de los reos, quienes, además, salpican con su beneficio económico a las autoridades correspondientes, en vez de atacar esa situación que es reflejo patético de nuestro desgraciado tercermundismo.

Ahora, sin embargo, con la inclusión de nuevos detenidos que caen en la categoría de VIP y que demandan ese trato en los centros de detención, salen a luz no sólo las carencias sino el régimen de privilegios que existe y que, normalmente, es parte de la corrupción porque quien cae en un centro de detención tiene que comprar el derecho a gozar de ese trato preferente y puede estar seguro el lector que no son tratos baratos puesto que hay que pagar fuertes cantidades para gozar de las buenas condiciones.

El problema no es nuevo, puesto que hay que recordar que en tiempos de Berger se cometió la masacre en Pavón eliminado a un montón de reos de los que tenían el control de la cárcel, pero ese crimen ni siquiera fue para resolver el problema sino para pasarle el negocio a otros reclusos. En otras palabras, fue un crimen de Estado brutal e inaceptable que buscaba el reacomodo del negocio y los funcionarios siguieron siendo parte de la jugada corrupta.

Ahora el caso de la señora Baldetti viene a exacerbar las pasiones porque no sólo se trata de una mujer que se empeñó en ofender con su corrupción y, sobre todo, su cinismo, a toda la población del país, sino que además ahora sigue gozando del poder para que la cubran de privilegios que no tienen los reclusos del país salvo que paguen por ello. En su caso simplemente es porque las autoridades de Gobernación fueron sus subalternos y siguen, por lo visto, rindiendo pleitesía a quien fue su jefa (y posiblemente socia en negocios turbios), lo que se traduce en una condición que a la ciudadanía le parece más que inaceptable, realmente ofensiva al punto de que con seguridad podemos decir que no hay hoy por hoy ministro o funcionario más cuestionado que la titular de Gobernación por la forma en que protege, cuida y mima a una ciudadana que como encausada penalmente no debe tener trato diferente al de cualquier sospechoso de ser un criminal.

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