Jorge Santos
Mientras van pasando los días luego del 6 de septiembre, los grupos conservadores se empecinan en hacer ver que una vez desarrollada la primera vuelta electoral, de que los resultados ya fueron oficializados de cara a la segunda vuelta y que ya fue designado un nuevo Vicepresidente, la crisis ha terminado y que esto, por lo tanto debe de ir retornando a la “normalidad”. Sin embargo y mientras tanto, todo aquello que pretendió ser modificado sigue incólume y los actores que han dado vida a la corrupción y la impunidad se reacomodan, la abrumadora realidad continúa su paso.
Los pueblos que conforman esta nación dieron muestras de la capacidad de que la movilización social ganó los objetivos de corto plazo trazados, sobre la base de la articulación y permanente toma de las calles. Primero fue la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, luego la de muchos funcionarios del entorno del Ejecutivo y luego la renuncia de Otto Pérez Molina. Sin lugar a dudas estos han sido logros importantes, pero que no deben de ser considerados como el triunfo definitivo contra este sistema.
Porque mientras se es vendida una realidad que no es, mucha de la conflictividad postelectoral sigue allí afectando a muchos municipios, a tal nivel que existe incertidumbre en muchos lugares sobre lo que ocurrirá el próximo 25 de octubre y aun pesan sobre muchos actores locales el riesgo de que su integridad física y su vida sean agredidas. Mientras se aducen argumentos falaces por estos pequeños, pero poderosos grupos conservadores, el Congreso de la República sigue con su improductivo trabajo y no avanza en la agenda estratégica planteada por los movimientos sociales y populares. Es decir, que aún y con vigorosas y bien fundamentadas propuestas de reforma a varias leyes, el Congreso de la República, enmarañado en actos de negociación espuria y corrupción, no es capaz de aprobar siquiera las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que ha sido el núcleo de la demanda social.
Mientras tanto, se sigue negociando espuriamente el Presupuesto de la Nación, los grupos conservadores y de extrema derecha, tanto dentro como fuera de la institucionalidad pública, siguen el impulso de un modelo de desarrollo, basado en la explotación y exclusión. Mientras todo esto pasa, los niveles de violencia contra las y los ciudadanos y defensores de derechos humanos aumentan, ejemplo de ello es el asesinato ocurrido el 11 de septiembre contra Sebastián Sajic Córdova, Principal de Principales, guía espiritual, presidente del Comité de Víctimas del Conflicto Armado de su comunidad, en el municipio de San Juan Cotzal.
Mientras aún no hemos sido capaces de salir del sopor que nos causó el evento electoral, muy probablemente no nos hemos dado cuenta que para alcanzar a ser la emulación de la gesta de transformación de 1944, nos hace falta aún gran tramo por avanzar y no quitar el pie en el acelerador; de tal cuenta que resulta imprescindible regresar a la calles y articular la agenda que nos permita efectivamente modificar las actuales circunstancias que han dado vida a la crisis que no culmina.
