Fernando Mollinedo C.
Los “destapes” del Ministerio Público y la CICIG representaron un detonante que evidenció la crisis múltiple del Estado guatemalteco y la descomposición de las personas que ejercieron el poder durante los últimos sesenta años, por supuesto, con sus raras excepciones.
El alcance jurídico de dichas acciones mostró el deterioro y desprestigio político del grupo que no supo ni pudo transmitir certidumbre ni transparencia a una población prisionera del miedo, que en forma reiterada confió en ellos acudiendo a las urnas cuando fue convocada, no importando el terrorismo oficial ejecutado en forma indiscriminada a lo largo y ancho del país.
Los regímenes militares que gobernaron desde los años setenta, presentaron cifras menores (oficiales) de los ajusticiados por las balas o la tortura de los aparatos represores; y aún se extienden las lamentaciones frente al genocidio silencioso donde se construyó un enemigo al que hubo que eliminar en medio de una “democracia” usufructuada por los poderosos de la economía nacional.
Las llamadas de atención de organismos internacionales y protestas de organizaciones domésticas no fueron atendidas para detener la política criminal de exterminio contra las distintas expresiones de las luchas sociales, desde los movimientos populares hasta la guerrilla; que tuvo y tiene la función primordial garantizar que no se impida el «orden» del sistema de producción de mercancías y reproducción de ganancias.
La crisis política de los últimos meses, no representó impacto trascendente para los grupos de interés económico en el país ni para los rancios políticos, pues el resultado de la votación corroboró la reiterada impunidad que caracteriza al sistema político dominante y sus representantes.
El destape hecho por el M.P. y la CICIG es la síntesis de un Estado evaporado por quienes desde su inmenso poder pusieron en marcha una política de latrocinio del erario utilizando funcionarios y empleados públicos (presidentes, diputados, ministros y directores generales, jueces, policías y fiscales) a cambio de hacerse los “babosos” y autorizar toda clase de trinquetes, evasiones fiscales, concesiones, venta de la soberanía, mega hueveos, sobornos y chanchulladas que les representa la “paz y tranquilidad democrática” para seguir pisoteando los derechos de la población descontrolada y sin ideas de cohesión social.
Con todo el dolor que implica, la desmemoria impide ver los conflictos sociales desde un lugar de trascendencia histórica: debemos destacar la simplificación administrativa, reducir la burocracia, ahorrar en adquisiciones, viáticos, gasolinas, alimentos, vehículos, energía eléctrica y congresos o reuniones innecesarias. Revertirla es titánica, necesitamos poner en movimiento las ideas de los más, antes que los menos con su poder económico nos sigan pisando.
A propósito, al Presidente le urge que nombren vicepresidente porque dice que tiene que viajar en su calidad de Jefe de Estado. ¡Púchica!, ¿A dónde y a qué? ¡Qué tal! Urge el vice porque Maldonado no tiene la vida y la salud comprada, pues al faltar éste, se investiría como tal, al diputado Luis Rabbé y ahí si nos jodemos.
