Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
En los últimos días, el general Otto Pérez Molina se ha visto enfeentado a una de las peores crisis que un ser humano puede tener.
Las manifestaciones ciudadanas que se iniciaran el 25 de abril le han requerido que renunciara al cargo de Presidente de la República.
Paulatinamente, personas y sectores se le fueron alejando hasta llegar al punto que ante los planteamientos de la existencia de indicios de ser responsable de actos reñidos con la ley, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad plantearon ante la Corte Suprema de Justicia su antejuicio, el cual otorgó el pleno del Congreso con el voto de la totalidad de los diputados presentes, incluyendo todos los diputados del Partido Patriota, del cual Otto Pérez fuera fundador.
Ello permitió que fuese llevado ante el tribunal competente y a instancias del Ministerio Público se dictara orden de captura, lo que lo obligó a presentar su renuncia como presidente de la República y comparecer ante el tribunal que lleva el caso “La Línea”.
Durante tres días se produjo la primera audiencia y durante cinco días Otto Pérez Molina estuvo preso “provisionalmente”. Al concluir dicha audiencia, fue ligado a proceso y se le dictó prisión provisional como medida precautoria, en la cárcel del Fuerte de Matamoros.
Quienes presenciaron de forma directa o televisiva la duración de la primera audiencia, pudieron observar el impacto y la aflicción que el rostro del general Pérez Molina fue reflejando, también pudieron escuchar que argumentó no ser culpable. En todo caso, el juez aceptó los planteamientos del Ministerio Público, no le dio una medida sustitutiva de fianza o de prisión domiciliaria que por su alto rango perfectamente podría habérsela otorgado.
“No soy juez, no soy jurado o defensor”, por ello no evaluaré ni las sindicaciones del Ministerio Público y la CICIG, ni el análisis y decisión del juez competente. Lo que sí me ha indignado y considero una muestra de falta de hombría y decencia es la actitud que en CNN en español adoptara el exministro de Economía, Sergio de la Torre y el Comisionado Presidencial para la Competitividad, Fernando Paiz, quienes usufructuaron el poder, se beneficiaron de grandes sueldos y prebendas, de viajes y comodidades, y hoy, después de ser los últimos en renunciar, pretenden públicamente denigrar al que fuera su jefe y presidente, el general Otto Pérez Molina. Su actitud confirma que son personas sin ética, sin escrúpulos, que se encontraban dentro del gabinete para servir a los intereses de sus patronos de la cúpula empresarial y nunca para servir a Guatemala.
En el país son muchos los atrasos, uno de los más grandes es el sistema de presidios; todas las cárceles, tanto de mujeres como de hombres, están saturadas y en ninguna existen condiciones mínimas de higiene, de alimentación o de reclusión.
No importando los delitos o responsabilidades que pueda tener una persona a quien se le otorgó el cargo de presidente o vicepresidente de la República, presidente o vicepresidente del Organismo Legislativo, presidente o magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad, no debería decretársele prisión provisional, sino dársele arresto domiciliario, como se ha hecho en Venezuela, Chile y hasta de cierta forma con el presidente Nixon en Estados Unidos.
¡Guatemala es primero!
