Oscar Clemente Marroquín
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El Presidente Otto Pérez Molina puede ser sometido a investigación y proceso penal como cualquier ciudadano guatemalteco luego de la votación ayer, forzada por la presión popular, mediante la cual el pleno de diputados de manera unánime decidió levantar el derecho de antejuicio y retirarle la inmunidad. Legalmente el Presidente puede permanecer en el cargo y desempeñando sus funciones aunque sea acusado formalmente, pero la Ley de Antejuicios, en su artículo 7 dice, literalmente: “Cese en el ejercicio del cargo o empleo. Un dignatario o funcionario público sólo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva.”
En otras palabras, la investidura presidencial la perdería el general Pérez Molina si un juez le dicta auto de prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo o defraudación aduanera, que son por los cuales fue solicitado el antejuicio. Mismos que fueron acumulados a la señora Roxana Baldetti, quien fue ligada a proceso y enviada a prisión preventiva. El gobernante podría seguir desempeñando sus funciones si es ligado a proceso, pero en vez de prisión preventiva se le otorga alguna medida sustitutiva, extremo que parece poco probable a la luz de lo ocurrido con quien fuera la Vicepresidenta de la República.
En esas condiciones creo que el Presidente tiene que reevaluar toda su situación porque es radicalmente distinta a la que mantuvo hasta el momento en que le fue retirada la inmunidad. Ahora tiene la obligación de resguardar y preservar la institución de la Presidencia de la República que se vería afectada y muy maltrecha si quien desempeña el cargo se ve obligado a cesar en el ejercicio del cargo de conformidad con lo que establece la Ley de Antejuicios a los funcionarios del Estado.
Renunciando, el ciudadano Otto Pérez Molina iría a un tribunal a ejercitar su derecho de defensa. Sin renunciar, será el Presidente de la República quien entre a un tribunal a rendir su primera declaración y puede quedar despojado del cargo en el momento en que el Juez a cargo del proceso determine si es enviado a prisión preventiva. Puede parecer cuestión de puros matices, pero el mandatario tendría la oportunidad de hacerle un servicio a la institución presidencial si en vez de tener que resignar el mando en los estrados de un tribunal lo hace mediante una renuncia que permita que el Vicepresidente tome posesión del cargo en forma menos indecorosa.
Debe ser terrible el sentimiento de soledad que embarga al Presidente en estos momentos, sobre todo luego de ver que hasta los miembros de su mismo partido terminaron cediendo a la presión pública que forzó a los diputados a retirarle la inmunidad. Luego de ver que sus aliados para movilizar multitudes fracasaron estrepitosamente para hacer manifestaciones en su favor. La de los maestros fue un remedo de marcha y la de la UASP un acto de cobardía al usar un puñado de mujeres y niños como escudos humanos.
Triste final el del ejercicio del poder de Otto Pérez Molina y mucho peor será si es despojado de su investidura en el momento de ser esposado para ir a prisión.
