Lic. Jesús Alvarado Mendizábal

El electorado guatemalteco tiene un verdadero problema: ¿votar? ¿por quién? ¿Anular el voto? ¿Abstenerse? Los miles de personas de diversa edad. sexo, extracción social, etc., que sábado a sábado (y también otros días) sin importarles el sol o la lluvia demandaron la renuncia de la Vicepresidente primero y después del Presidente; la reforma del Estado, la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la total independencia de los tribunales, erradicar la corrupción a diversos niveles, que dijeron ¡hasta aquí! a los diputados y dieron su total apoyo al Ministerio Público MP y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, deben decidir qué hacer el 6 de septiembre porque contra viento y marea se realizarán las votaciones, porque elecciones, en realidad, son dudosas.

Todos saben quiénes son los que entraron en componendas con el gobierno y el partido oficial; quiénes son los que primero apoyaron los plantones frente al Palacio Nacional pero al darse cuenta de la fuerza que tomaba el movimiento cívico, “cambiaron de bando” y se quitaron la careta aliándose tácitamente con los que detentan el poder político y económico y con tranquilidad calificaron de extremista el movimiento cívico.

Los diputados, a sabiendas que no eran legales las votaciones en primera y segunda lecturas de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, siguieron adelante en un claro contubernio con quienes fueron eternos ausentes de las discusiones y sólo llegaron para “dorar la píldora”. La población sabe quiénes son los que primero apoyaron que la CICIG continuara con su trabajo en Guatemala pero al ver involucrados a más de media docena de sus miembros, ahora pretenden limitar la independencia del Ministerio Público. Los diputados (quizá con algunas honrosas excepciones) se han quitado la máscara. En tiempo del expresidente Ramiro De León Carpio, por mucho menos todos los diputados fueron depurados. Y ahora, ¿por qué no?

Los que con cuadrado criterio “defienden” la institucionalidad y la Constitución de la República, “olvidan” cuántas veces la Constitución ha sido violada. Se apresuran a motivar a la juventud a que vote “para consolidar el régimen democrático”, pero especial cuidado tienen de no aclarar a ¿cuál régimen democrático? se refieren, salvo que sea la dominación de unos pocos con mucho dinero y poder político sobre la mayoría de la población.

Al Tribunal Supremo Electoral (¿supremo?) le ha faltado firmeza para sancionar a los grupos políticos que se han burlado de la ley y del Tribunal. Baste mencionar que muchas veces la publicidad de esos grupos fue presentada como información en los medios de la televisión. Hasta ahora, con muy poco rubor de aquellos grupos, los medios publican lo que antes presentaban como información, con el aviso de CAMPO PAGADO.

Quienes impulsaron desde abril las reuniones en la Plaza de la Constitución para protestar por la corrupción imperante en los tres organismos del Estado, deben estar satisfechos porque la lucha no ha sido en vano. El pueblo al fin despertó en busca de un día mejor pero, ¿se logrará algo tangible o es indispensable otro 20 de octubre?

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