Alfonso Mata

Corrupción ha dejado de ser un término descriptivo y abstracto y determina un comportamiento social de criminalidad organizada y común y se refiere a asociaciones secretas entre aparato estatal y privado, estableciendo una relación estrecha entre política, negocios, ilegalidad y muchas veces narcotráfico, lo que conlleva a favoritismos y privilegios, clientelismo, fraude, incapacidad de aplicar la ley y finalmente a un eje político-empresarial cerrado, no necesitado como antaño de violencia, sino de pasar sobre la ley.

Es necesario también señalar que la sociedad por décadas, ha corrido una cortina de humo de silencio sobre el tema, aunque siempre se ha hablado del mismo abundantemente en medios informáticos y privados, sobre que nos regimos dentro de un sistema de control ilegítimo de recursos, bienes, mercados y contratos entre sujetos de distinta índole, que participan encubiertos, en negocios ilícitos y gananciosos, del que culpamos equivocadamente sólo a los políticos.

Políticos llamamos a los que encabezan los partidos políticos nacionales y locales y a los que llegan a los poderes del Estado. Políticos “in vivo” se reconocen pocos y siempre los mismos, pero virtuales muchísimos. Corruptos encontramos en la jerarquía superior y en la inferior de lo público y de lo privado y en medio de ese desconcierto, nos topamos “notables” no inclinados a administrar la cosa pública ni la privada sino refugiados en lo académico. Con ese orden de cosas, parece imposible conducir a un pueblo calificado de impulsivo, faccioso, ignorante y supersticioso. Pareciera que gobernar a pueblos como éste, con leyes que fueron hechas para gente más racional y moral, es un experimento de mal gusto y condenado al fracaso, que desemboca en violencia y corrupción.

Lo peor de nuestras creencias es que cada cuatro años esperamos que el proceso electoral aclare y solucione la situación. Somos una diversidad sociocultural que en tiempos de elecciones hablamos de nuestros candidatos y nuestra inclinación a ellos porque “ayuda a los pobres” “pondrán orden” “con él estoy conectado y estaré bien” pero de la cuestión pública lo ignoramos todo y no nos comprometemos con nada. El político sea o no corrupto se compromete a todo, incluso a costa de su vida y de las ajenas. El ciudadano limpia conciencia del compromiso con los demás, con el voto.

Y en medio de ese caos, en los últimos meses, aparece un complot extranjero –así tildado por algunos– que tiene como cabeza de lanza a la CICIG y que abre la caja de Pandora y denuncia delitos para que la ciudadanía actúe y reaccione, pero ¿cómo? sí existe un total desprecio por la ley y somos una sociedad tomada de rehén por sus propias leyes y sus justicias que perdieron la habilidad de ser justos. De tal manera que las buenas intenciones internacionales de sacarnos de un pasado oscuro y un medio cultural hostil y violento se quedan en ello: buenas intenciones, ante una patología que se distingue porque somos una nación de hombres, no de leyes.

Los últimos tres meses, que han dejado pensamientos y sentimientos confusos, frustrantes y debilitado la credibilidad y la confianza del uno en el otro y no hemos hecho más que desenmascarar y tomar conciencia de que hemos creado una cultura política que empuja a una persona a aprovecharse de otra y de sus bienes y a empobrecerse social, económica y culturalmente a toda una nación. Con perdón de los “pacifistas y legalistas”, con votar por alguien no resolvemos nada, con protestar tampoco, con votar por el menos malo menos. Para ganar, se necesita de verdades y acciones más objetivas que terminen con los fantasmas de un encierro a lo mismo. ¿Qué queda? Es la pregunta del ambiente, pero algo es claro, los proyectos políticos, mejor dicho las intenciones que se nos han presentado, no solucionarán nada, pero, la DIGNIDAD sí es un principio, no hacerme partícipe de lo mismo, mostrarle a quien quede que lo que queremos es una transformación de lo existente y que somos muchos los dispuestos a ello, es el camino. Es lo único con que, en el momento contamos, para denunciar el incumplimiento de la confianza, fiabilidad y respeto de la ley y hacérselo ver a las autoridades actuales y entrantes.

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