Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Plantear un gobierno de transición mediante el truco que en los primeros seis meses se reforme la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Congreso y la Ley de Servicio Civil es un buen deseo, pero que no controla el presidente, no importando quién sea.
Decir que aprobadas las leyes ya mencionadas debe promoverse una consulta popular es una buena opinión, pero que tampoco controla ningún presidente o vicepresidente de la República y aunque la proponga de conformidad con la Constitución vigente, artículo 280, se requiere que el Congreso de la República con voto afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados, también requiere que la consulta popular la apruebe la mitad más uno de los ciudadanos que concurran a votar.
Pretender que en dicha consulta se revoque el mandato del presidente, del vicepresidente y de la totalidad de los diputados al Congreso de la República es pensar que se va a controlar por un nuevo gobierno, por una sola voluntad, dos terceras partes de los diputados, hecho que es sumamente difícil e improbable.
Más fácil sería convocar por el Congreso de la República a una Constituyente y en ella discutir la restructuración del gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las comisiones de postulación y de los nombramientos que el Presidente puede hacer de fiscal, contralor, presidente del IGSS, etc., para que así, a través de la modificación del pacto social que es la Constitución se reestructure y reoriente el Estado de Derecho.
Claro que los grupos de poder económicos, políticos y sociales no quieren abrir el tema de la Constituyente porque ello implica retomar los temas que en los acuerdos de paz se convino deberían de modificarse en la Constitución y que hace algunos años se sabotearon en la consulta que se hizo.
No debemos de olvidar que el costo de una consulta popular, de una nueva elección de todos los mandatarios electos no son dos centavos, sino alrededor de mil millones.
La propuesta de reformar el sistema político, a través de un gobierno de transición, no es mala, es ilusa y uno de los problemas que frustran a la ciudadanía es que quienes entienden el sistema, tanto políticos como comunicadores sociales, no respetan los procedimientos y las leyes sino que ilusionan y engañan a la gente planteando que algo se puede hacer cuando saben que las normas y las probabilidades de lograr hacerlo son nulas.
En lo personal, sin ser afiliado o miembro de partido político, considero que es necesaria la actualización y restructuración de la Constitución, sin embargo, debe hacerse de forma integral por una Constituyente, sin que nos pongan los argumentos que la anterior Constituyente “nos dejó con las manos amarradas”. Una nueva Constituyente es soberana y como tal puede disolver legalmente al Congreso y mediante la nueva Constitución restructurar todo lo inadecuado, todo lo malo que indudablemente existe.
No engañemos, son catorce binomios presidenciales los que van a participar el seis de septiembre en la elección, no mintamos, las probabilidades que pasen a una segunda vuelta las tiene el Partido Líder al que tanto atacan, la UNE que está estancada en las encuestas y Jimmy Morales con Jafeth Cabrera que han ido subiendo pero que no se les conoce suficientemente.
¡Guatemala es primero!
