Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Se está promoviendo una iniciativa para lograr que renuncie el presidente Otto Pérez Molina, asuma en su lugar Alejandro Maldonado Aguirre y que el Congreso de la República elija un nuevo Vicepresidente que, en teoría, sería el llamado a dirigir un gobierno de transición que lograría, otra vez teóricamente, impulsar las reformas que se han planteado para modificar el sistema político del país. En varias columnas se ha planteado la tesis y creo que vale la pena analizarla porque tiene aristas de mucha ingenuidad.
En primer lugar, hay que decir que apostar porque Alejandro Maldonado Aguirre puede dirigir un gobierno de transición es desconocer su trayectoria como magistrado de la Corte de Constitucionalidad en la que se convirtió en puntal del sistema que ahora todos estamos denunciando. Basta ver sus fallos para entender que a él se debe mucho de lo que está ocurriendo, especialmente en el tema de la impunidad y la consolidación de un sistema de justicia en el que se entregan las judicaturas a quienes responden a los intereses de los grupos ocultos que han venido manoseando la aplicación de la ley.
Segundo, suponer que el Congreso puede elegir a un buen vicepresidente una vez materializada la renuncia de Pérez Molina es la tontería más grande que alguien pueda alentar. No hay forma, a menos que se pacte con ellos, de que se pueda elegir a una persona que sostenga posiciones de reforma que atenten contra los privilegios y posiciones de poder que mantienen los diputados. El Congreso es el llamado a elegir al Vicepresidente y aunque se proponga una terna de lujo, de ella no saldría más que aquel que esté en disposición de transar con los diputados.
En tercer lugar, suponer que Alejandro Maldonado Aguirre se haría a un lado dócilmente para entregarle el poder presidencial a una persona que venga a sacudir la mata confirma que toda la propuesta tiene bases de supina ingenuidad porque, repito, hay que entender el rol que en la Corte de Constitucionalidad jugó Alejandro para valorar su posición respecto al sistema cuya reforma es tan urgente como evidentemente necesaria.
Personalmente creo que aquí hay que esperar acciones más radicales que abran el espacio para convocar a una Asamblea Constituyente con nuevas reglas de juego, en las que se permita la participación de comités cívicos distritales o la inscripción de candidatos sin respaldo partidario. Una Constituyente en la que no tengan cabida los miembros de los partidos tradicionales que han provocado la debacle del sistema político nacional para alejar el riesgo de que el remedio nos resulte peor que la enfermedad.
La propuesta de buscar que por la vía de la renuncia de Pérez Molina llegue alguien que en lo que falta para enero se encargue de dirigir el proceso de cambio implica que ese proceso tiene que estar a cargo de los diputados actuales. Es como la propuesta de Lizardo Sosa, de que el próximo sea un gobierno de transición que se encargue de hacer, en dos años, las reformas con los diputados que resulten electos. Viendo el cuero que tienen los diputados, demostrado hasta el cansancio en estos días, cualquier propuesta que se base en reformas aprobadas por ellos es una tontería.
