Eduardo Villatoro
Transcurren los meses y años en espera de que absuelva de cualquier delito a los accionistas mayoritarios de los bancos de Comercio y del Café, para que disfruten de las estafas cometidas a incautos cuentahabientes, todos los cuales han ido envejeciendo, otros ya fallecieron a consecuencia de profundos traumas emocionales, como depresión, y algunos optaron por suicidarse al aceptar que fueron víctimas de su ignorancia en transacciones financieras y que los procesos encausados en órganos jurisdiccionales no avanzan, y si acaso lo hacen es para favorecer a los pícaros banqueros que se han enriquecido más, a costa de los pequeños o medianos ahorrantes que perdieron sus modestos capitales destinados a atender sus necesidades vitales en el último tramo de sus vidas.
El caso del Bancafé es significativo en torno a la forma como se mueve la maquinaria de la administración de justicia, generalmente favoreciendo a los que lucran con el dinero que es producto de muchos años de esfuerzos y limitaciones de quienes hasta son humillados cuando plantean humildemente protestas en esas instituciones, y no solo de parte de altos ejecutivos sino de empleados menores de “servicio al cliente” y hasta de cajeros que también son explotados por sus amos.
Por cualquier gestión bancaria que usted tenga la osadía de realizar tiene que pagarle al banco que utiliza su dinero para financiar a otros clientes, la mayoría muy bien acomodados, comenzando por suplicar que le proporcionen su estado de cuenta.
Podría detallar numerosos ejemplos de la desmedida codicia bancaria; pero ya me extravié del asunto al que debo referirme y se refiere a que después de numerosas gestiones del Ministerio Público, finalmente la Sala Segunda de Apelaciones, por medio del juez pesquisidor designado para el efecto rindió el informe respectivo, y recomendó a la Corte Suprema de Justicia retirar la inmunidad del juez suplente Mynor Barrera Polanco, del juzgado tercero de Primera Instancia Penal, al habérsele encontrado indicios de su “posible” complicidad en la liberación de cinco sindicados del caso del Bancafé.
La persona menos suspicaz habría tenido suficientes razones para desconfiar del proceder de ese funcionario judicial, porque imagínese usted que de una forma ligeramente extraña liberó del cargo de inmediación financiera y otorgó medida de arresto domiciliario a cambio del pago de una fianza de Q150 mil a los sindicados Ariel Estuardo Camargo Fernández, Leonel Estuardo Hernández Girón, Francisco Frederick Fischer y a los primorosos hermanitos Manuel Eduardo y Jorge Alfredo González, quienes, cuando eran directivos del Bancafé, transfirieron US$ 200 millones de forma ilegal a la offshore Bancafe International Bank, afectando a 3,336 cuentahabientes.
(El malicioso Romualdo Tishudo, ante semejante desproporción e ilegalidad, se pregunta cómo está la conciencia (si la tuviere) del juez Mynor Barrera Polanco. ¿Y los escrúpulos de los inabordables ejecutivos bancarios?).
