Jorge Santos
El 16 de abril del presente año, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- y el Ministerio Público iniciaron las capturas de miembros de una estructura conocida como «La Línea», dedicada a la defraudación aduanera y la cual está conformada por autoridades del Organismo Ejecutivo, la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y Aduanas. Luego de este hecho las y los guatemaltecos hemos sido testigo de la captura y procesamiento penal de varios funcionarios, que tienen como denominador común ser del entorno Presidencial y de la elite política actual.
Estos hechos de corrupción e impunidad han producido una ola de indignación social en tanto que, mientras la violencia crece, la educación y la salud son precarias, la infraestructura cada vez más deteriorada y los niveles de pobreza y pobreza extrema aumentan; el Presidente de la República, la exvicepresidente y sus familias hacen crecer su fortuna a partir del saqueo de las arcas públicas. Aunado a lo anterior la CICIG y el MP ha iniciado la solicitud de retiro de la inmunidad a más de 6 diputados por una diversidad de presuntos hechos delictivos, tales como abuso de poder, asociación ilícita, cohecho, lavado de dinero, entre otros.
Ante este sistema general de impunidad y corrupción la población guatemalteca durante más de tres meses ha salido a la calles y ha demandado acciones tendientes a profundizar la transformación de dicho sistema. Las demandas ciudadanas han sido la renuncia del corrupto Presidente de la República y de los funcionarios implicados a tales hechos. La solicitud de renuncia alcanza a los tres poderes del Estado, de tal cuenta que se solicitan las renuncias de los diputados del Partido Patriota y Lider; de la magistrada a la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, en tanto un hijo y su cuñada han sido implicados en actos de corrupción e impunidad.
Otra de las demandas centrales de la ciudadanía ha sido la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que desmonte todos los incentivos que permiten la corrupción, así como posibilitar la participación equitativa de las poblaciones históricamente excluidas, entre otros. A su vez, la población ha exigido atraso o suspensión del proceso electoral en tanto entiende, que de continuar el mismo, sólo permitirá entronizar este esquema clientelar y corrupto que hoy ha provocado la crisis institucional en la que nos encontramos.
La respuesta de la elite política y económica del país ha sido una, cerrar filas alrededor de la impunidad y la corrupción. El día de ayer Lider y el Partido Patriota apoyados de VIVA, una vez más le han dado la espalda a dichas demandas ciudadanas y profundizarán la indignación que poco a poco va dando paso a la rabia popular. Estos partidos políticos tranzaron y resolvieron no retirar la inmunidad al Presidente y atrasar la aprobación de las reformas a la LEPP, con ello estos diputados se convierten en Padres de la Impunidad y serán, junto a otros, responsables de la debacle institucional.
