Alfonso Mata
¿En qué se basa un Estado de derecho? En una voluntad de diálogo y cumplimientos derivados de ese diálogo. Y ¿qué pasa cuando se rompe sistemáticamente lo acordado? ¿Puede hablarse de un Estado de derecho cuando la libertad y la igualdad de justicia y derechos se rompen, como está sucediendo ahora? Libertad solo puede tener el que puede escoger: educación, trabajo, dónde y cómo vivir. Igualdad cuando todos cumplen con lo que indica la ley.
La ley se vuelve un absurdo, pierde su legitimidad, cuando los encargados de vigilar la ley la incumplen, cuando se ve por doquier brechas en la aplicación de la justicia, en distribución de las riquezas, de oportunidades y acceso a bienes y servicios y un mal uso de los bienes públicos. Sólo un jurisconsulto académico, puede hablar de Estado de derecho ante eso. ¿Cómo se puede construir un país en que unos son hijos y otros entenados ante la ley? Esperar a que haya más caídos. Cómo se atreven los jurisconsultos a pedir que sigamos bebiendo la cicuta hasta el hartazgo y lo más increíble, nos plantean como solución seguir viviendo el problema, mantener su causa, en aras del Estado de derecho existente sólo en escritos e inexistente en la realidad. Cómo puede hablarse de Estado de derecho, cuando hay ciudadanos de primera segunda y tercera categoría. Definitivamente, no podemos conceptualizar y actuar bajo esas circunstancias sin cambio de paradigma (modelo o patrón). Ridículo tratar de sacar algo diferente haciendo y teniendo lo mismo. Un pueblo que acepte eso, está loco.
Actualmente conocemos las condiciones de vida que sostienen esas brechas, esas limitaciones y condiciones buenas para unos y malas para otros y no tenemos otra que cambiar esas condiciones y eso no se logra a través de las elecciones, porque tampoco existe en el sistema, la elección, sino la selección. Es importante que entendamos que no venimos a vivir leyes, venimos a vivir la vida. Esa es la gran confusión que tenemos porque los incumplimientos de las autoridades, sostienen la injustica y la brecha social que no tiene que ver con las elecciones sino con acciones indebidas e incumplimientos constitucionales y de leyes.
El problema no es de inteligencias, sino de historias distintas, gustos diferentes, deseos diferentes y hemos llegado a ser diferentes en lo que perseguimos políticos y población y en para qué usamos esa inteligencia. Pero, lo que todos queremos, se llama DIGNIDAD que el latrocinio, la injusticia la destruyeron, al igual que las grandes diferencias sociales y económicas. Necesitamos espacio en que nuestro vivir sea respetado y digno y el sistema actual, eso no lo permite.
Un regalo maravilloso que la naturaleza nos dio y la evolución del cerebro nos dotó, es que no tenemos todos que hacer lo mismo de la misma manera. El absolutismo dogmático científico lleva a grandes errores. El absolutismo jurídico cuando se rompen las reglas de juego por uno de los contendientes, se traduce en las peores tiranías, crímenes y latrocinios.
Las distintas formas de hacer las cosas son respetables, cuando no son discriminantes y no son discriminantes, cuando se hacen sin afectar a la mayoría y dentro del campo de la democracia y con costos sociales y económicos menores que el daño que se tiene. Un gobierno de transición es una posibilidad de eso. Eso afecta un mandato pero no a una sociedad. Lo humano está sobre la norma.
Ante la situación en que vivimos, no queda más que abrir espacios y eso es un mandato constitucional permitido a todo pueblo y nación cuando las personas encargadas del mandato político comete actos contra la ley y pasan sobre ella. En este momento, los funcionarios públicos, se han vuelto delictivos. Sólo cuando las personas son iguales en dignidad, derechos y obligaciones, se puede hablar de legitimidad. Solo entre legítimos se puede llegar a visiones compartidas y estado de derecho. Acabar con algo significa que uno tiene que estar dispuesto a desprenderse de otra cosa. Si yo quiero acabar con la corrupción, yo tengo que estar dispuesto a acabar con aquello que mantiene el acto criminal. El problema es terminar con las ilegitimidades y eso lo hacen las personas no las leyes. Debemos ir sobre las personas y los sistemas que permiten y realizan ilegitimidades evitando que continúen ligadas al poder. El derecho penal es menos importante que el civil, en dada situación y condición como la que estamos viviendo: privilegios con total impunidad legal.
