Juan Francisco Reyes López
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Es digno de respeto la actitud individual de las personas que sábado a sábado, desde el 25 de abril, manifiestan su indignación en la Plaza de la Constitución o en otros lugares, no sólo por los hechos que ha señalado el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG, sino ante todo por el enorme deterioro institucional de los organismos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y otras entidades del Estado.
Igual de preocupante es que en este momento no exista una persona o entidad que tenga el liderazgo para encausar y proponer las soluciones que resuelvan el desconcierto y el deterioro en que se encuentra el país.
Qué enorme falta hace una persona como monseñor Rodolfo Cardenal Quezada Toruño o una figura política que inspire suficiente confianza para que la mayoría de la población le otorgue su representación y respeto.
Muchas son las entidades que se pueden agrupar en la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, mas ello tampoco implica que se esté logrando las propuestas, los consensos y la representatividad que nos lleve a tomar el cauce que el deterioro del Estado requiere.
Entre más opiniones individuales se producen más desconcierto y más incertidumbre se da. Por ejemplo, cómo reaccionar cuando un jurista como Jorge Mario García Laguardia dice que no es necesaria una Constituyente; sin embargo, agrega que una solución puede ser un gobierno de transición. Cuál es la base jurídica para proponer esa peregrina idea por cuanto no es algo que esté previsto en la ley.
No debemos olvidar que el Estado de Derecho, que la convivencia de la sociedad está basada en el respeto a las normas. Si una norma del derecho positivo es inadecuada debe de modificarse, debe de actualizarse, pero nunca debemos, a nuestro sabor y antojo, tomar en nuestras manos, individuales o de grupo, la ley.
Si el presidente Otto Pérez Molina renuncia por supuesto que abre un espacio, si no lo hace puede defenestrársele solo siguiendo la ley.
Ante la pérdida de respeto y de confianza que el Organismo Legislativo ha acumulado, ante la gran probabilidad que un elevado número de los actuales diputados se reelija, debemos seriamente pensar en la alternativa de una Constituyente que rescate al país. Claro que hay grupos de poder que no desean esa posibilidad porque no están dispuestos a discutir normas que nos permitan rehacer el pacto social. Sin embargo, que expliquen por qué en los Acuerdos de Paz se aceptó que debía de modificarse parte de la Constitución.
Decir que no puede discutirse el contenido del pacto social ante la actual crisis, es una mentira. La actual Constitución fue hecha por una Constituyente que ya dejó de existir, a la que no se le dio normas expresas de qué colocar dentro de esta norma fundamental.
¿Qué hay que cambiar? Esa respuesta la tenemos todos. Por ello, vuelve a ser enormemente importante que en la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos se cambie el procedimiento de que los diputados se elijan por listado. Si ello no se modifica, cosa que no la ha sabido proponer el Tribunal Supremo Electoral y la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, se continúa con el grave problema que implica no votar por personas específicas, sino por grupos o listas donde se elige según el orden que lo proponen los partidos políticos.
¡Guatemala es primero!
