Jorge Santos
El artículo 45 de la Constitución Política de la República hace referencia a la acción contra infractores y la legitimidad de resistencia y considera que “es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. Congruente a esta importante garantía la Asamblea Social y Popular del Departamento de Guatemala emitió su posicionamiento político, luego de un largo proceso de reflexión, debate, lucha y resistencia social activa y pacífica que requiere ser ampliamente divulgado.
Para la Asamblea, el destape de la corruptela, se suma a la imposición de un modelo de desarrollo y de Estado tendiente a garantizar los privilegios de un pequeño grupo de población, que produce por ende impunidad, corrupción y empobrecimiento acelerado de los pueblos.
Este Régimen impuesto desde la élite económica, reproducido por la élite política y defendido por el poder militar y del crimen organizado, violando los preceptos constitucionales de garantizar el bien común, vulnera derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales de la población.
De tal cuenta que para la Asamblea es evidente que “el Estado y quienes detentan el poder no responden a las demandas, necesidades, derechos y propuestas de la ciudadanía. Por el contrario, se valen de la dilación, engaño, desinformación y represión para frustrar la realización de cambios y reformas. Tal el caso de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que pretende aprobar el Congreso de la República, las cuales son insuficientes, no satisfacen la demanda y las propuestas planteadas por la Asamblea Social y Popular, la Plataforma para la Reforma del Estado, el Tribunal Supremo Electoral y la ciudadanía movilizada en las plazas. Los diputados y partidos políticos en el Congreso, como quienes detentan el poder real en el país (CACIF y Estados Unidos), suplantando la soberanía popular, están optando por reformas a la LEPP para que el régimen político en esencia no cambie, se reproduzca y, con ello, se mantenga el control que históricamente han ejercido”.
Por lo tanto, al desnudarse la profundidad de la podredumbre de este sistema, sobresale que los poderes fácticos en el país han roto la legalidad del sistema a través del financiamiento privado a los partidos políticos, que ya sea procedente del poder económico tradicional o emergente, o bien del crimen organizado, reclaman su retorno a partir de saquear los recursos del Estado. De tal cuenta, que para la Asamblea la actual “crisis que vive el país no es producto simplemente de una problemática jurídica e institucional. Es una crisis política, económica y social del régimen en su conjunto”.
En ese marco, la Asamblea, entre otras demandas, impugna ética y políticamente al sistema político, al sistema electoral y al sistema de partidos políticos y afirma que estas elecciones son ilegales e ilegítimas, por lo que no se prestaran a esta farsa electoral. Acogiendo este posicionamiento llama a profundizar la lucha social y popular hasta transformar el sistema político y económico en el país.
