Francisco Cáceres Barrios
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Aclaro que esta pregunta no se la estoy formulando a los políticos candidatos a ocupar un cargo de elección popular, porque se muy bien que no conocen mucho de la materia, no les interesa tocar el tema o porque de sobra saben que manipulándola arteramente, como lo han acostumbrado, podrán seguir haciendo de las suyas. Si alguien quisiera mandar a la punta de un cuerno a la CICIG, pues aquí está la solución a sus ambiciones, porque con un buen Contralor no habría necesidad de vivir investigando, ni poniéndose como los ochenta mil jicaques por comprobar que todos se tapan con la misma chamarra, lo que impide ahondar en el paradero de cientos de miles de millones de quetzales que se han venido evaporizado desde que tengo uso de memoria.
Efectivamente, si la Contraloría General de Cuentas funcionara tal y como reza la Constitución: “una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas” no hubiera sido necesaria la importación de la CICIG, ni se tendría al MP ni las cárceles sobrecargadas y ahora sería mejor estar disfrutando de una mejor seguridad ciudadana, solo para citar un ejemplo.
¿Se imagina usted amable lector cuánto dinero se hubiera ahorrado del erario nacional si a los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos la Contraloría les hubiera estado contando las costillas desde hace 30 años, en que ha estado en vigencia la Constitución? Pero la politiquería imperante y las mancuernas instauradas únicamente con el fin de organizar y realizar eventos a favor de los politiqueros, los procesos electorales para elegir al Contralor se han desarrollado haciendo todo lo posible para que la Carta Magna se haya vuelto un librito inútil, con que se pueda jugar o manipular al antojo por aquella gente sin valores, sin principios y sin escrúpulos de toda especie.
Los que redactaron la actual Constitución seguramente lo hicieron con las mejores intenciones, pero a la hora de elegir a la persona para tan importante y valioso cargo, está visto que lo que menos se ha hecho es exigir los méritos indispensables de experiencia, idoneidad, honorabilidad y prestigio profesional, así como que a la Contraloría propiamente dicha, no se le ha dotado de los instrumentos más adecuados para que sus actos, procedimientos y decisiones hayan sido lo suficientemente eficaces y así cumplir con los objetivos para la que fue creada.
