* Julio Roberto Bermejo González
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Es correcto y legal que el Organismo Judicial en ejercicio de su independencia reclame que no se trate de ejercer presiones para que actúe en uno u otro sentido. Debe felicitarse a sus miembros por defender ese derecho pero históricamente en este país los Tribunales no siempre han actuado en estricto apego a la Constitución Política y las Leyes vigentes y es por esta circunstancia que la Sociedad Civil y los entes responsables del accionar judicial, en diversos momentos, han reclamado que los Jueces y dentro de ellos el máximo organismo, la Corte Suprema, actúen con celeridad y eficiencia. El pueblo de Guatemala no ha olvidado que ciertos Jueces y Magistrados, en forma notoria y evidente, no han ajustado su conducta a los cánones estrictos de responsabilidad y su conducta en el juzgamiento de los casos ha dejado mucho que desear, porque ha trascendido que han vendido sus resoluciones, defraudando con ello el clamor popular de justicia y honestidad en los que tienen a su cargo resolver los diversos casos judiciales que tienen que resolver bajo su estricta responsabilidad.
No hemos olvidado los múltiples casos en que algunos Jueces y Magistrados han faltado a su juramento de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento con estricto apego a la ley. Es de amplio conocimiento público que hay numerosos jueces que están sujetos a procedimiento para levantarles la inmunidad procesal de que gozan, porque se ha identificado y ha sido ampliamente señalado por la prensa, que algunos se han enriquecido más allá de lo que su actividad profesional permite; otros jueces se les ha identificado que han recibido dinero por dictar resoluciones absolutamente ilegales; a otros, como la Magistrada de la Corte Suprema; Licenciada Stalling, que se le ha identificado como “un contacto” dentro de las escuchas en caso de la “Línea”, la que por decencia debería renunciar porque mientras siga siendo magistrada el tráfico de influencias puede darse. Tampoco la ciudadanía ha ignorado que los trámites judiciales unas veces se resuelven con una celeridad extraordinaria y en otros casos hay retrasos injustificados, como son los antejuicios que actualmente se están tramitando en la Corte Suprema de Justicia o que están bajo conocimiento de Jueces pesquisidores.
Es injustificado el enojo y la sensibilidad que se ha manifestado por parte de la Asociación de Jueces y por los miembros de la Corte Suprema de Justicia, porque tal Asociación y los señores Magistrados saben que se han producido tremendas faltas en el actuar de algunos Jueces y de la propia Corte en pleno. No se ha olvidado que las Comisiones de Postulación y el Congreso de la República llevaron a cabo procesos profundamente espurios en la elección de Magistrados de Sala y de la Corte Suprema y que esto originó una repulsa de alta significación en la ciudadanía y esto todavía está presente en el imaginario popular. La comprensión de estas situaciones y el sentido de responsabilidad del conjunto de Magistrados debe servir de acicate para el debido cumplimiento de sus funciones y con ello demostrar que son independientes y honorables y que cumplen sus funciones con la celeridad que establecen las leyes y que las circunstancias demandan.
La ciudadanía clama porque los Antejuicios planteados contra funcionarios, diputados y candidatos a puestos públicos corruptos se resuelvan, porque al país le urge dar pasos adelante en contra de la corrupción y la impunidad.
La Fiscal del Ministerio Público y el Comisionado de la CICIG han demostrado tener valor y decisión y ese mismo comportamiento debe de demandarse de la Corte Suprema de Justicia y de los Jueces Pesquisidores respecto a los Antejuicios que tienen bajo su conocimiento. Cumplir sus funciones tal como lo señala la ley y conforme lo demandan las circunstancias, es una expresión de la capacidad, honradez y honorabilidad de un funcionario y los Magistrados de la Corte Suprema y los Jueces Pesquisidores son funcionarios a quienes les corresponde la responsabilidad de una pronta y cumplida administración de Justicia.
*Doctor en Derecho
