Isabel Pinillos
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Se cumple un año del Programa Frontera Sur (PFS), el cual se implementó en México para contener la migración hacia EE. UU. tras el escándalo que provocó la crisis de menores no acompañados provenientes de Centroamérica. Con él, se incrementó el número de estaciones de control migratorio y se redobló la seguridad, incorporando fuerzas entrenadas militarmente. La reciente visita a Guatemala del embajador Thomas Shannon y una comitiva especializada en temas de seguridad fronteriza, concuerda con el plan de trazar la frontera de manera vertical desde EE. UU. hacia los países del sur. https://lahora.gt/frontera-sur-llega-a-la-region/
Cabe preguntarse, ¿cuáles han sido las secuelas del PFS para los que se han visto obligados a salir de sus países? Según múltiples denuncias realizadas por albergues, activistas religiosos y civiles, y los mismos migrantes, el PFS ha traído persecución y peligro para los centroamericanos. Las agresiones, asaltos y secuestros cometidos en operativos se han disparado desde la implementación del mismo. En el último año aumentaron los asaltos reportados contra migrantes en un 81%, según las fiscalías de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca.
Como parte del plan se crearon los Grupos Beta, con la excusa de “proteger a los migrantes” en su tránsito por México, pero debido a que trabajan en dependencia con el Instituto Nacional de Migración (INM), en la realidad actúan como inteligencia de éste. Es por ello que los Grupos Beta, luego de ofrecer una lata de atún a los peregrinos, alertan a los colegas del INM para que realicen sus redadas.
En esta carrera por la vida, no sólo las mujeres y niñas han sido obligadas a realizar favores sexuales a cambio de su libertad; los hombres y niños también han corrido la misma suerte. Los daños son irreparables.
Los centros migratorios están hacinados de personas detenidas que se encuentran en un ambiente de desesperación e incertidumbre. Los niños no logran comprender por qué se encuentran en jaulas. La crueldad en el trato, las burlas y el desprecio son parte de la rutina deshumanizadora.
Subirse al tren de carga “La Bestia”, es cada vez más peligroso y caro, ya que los operarios, en colaboración con los agentes de seguridad hacen paradas repentinas, ocasionando accidentes donde las personas pierden piernas y brazos, e incluso la vida misma. Existe una red de corrupción en donde el billete logra pagar el pasaje. Los operativos contra migrantes se realizan fuera de la vista de los observadores, en donde los muertos no tienen nombre ni apellido. Los cónsules están siendo llamados a identificar cuerpos con signos de tortura, y crece el temor de que estemos ante una auténtica limpieza social.
A pesar de que los países puedan tener la potestad de proteger sus fronteras, es innegable que deben existir protocolos de seguridad para garantizar los derechos, la vida y la integridad de las personas.
Es en la “tierra de nadie”, con miedo, en la oscuridad y sin documentos donde la falta de controles favorece los más atroces atropellos a los derechos fundamentales de las personas las cuales han sido reducidas a categorías de “delincuentes, ilegales e indeseables”. Existen ángeles en el camino que prestan auxilio, comida y un hogar temporal al necesitado, pero no es suficiente. La gravedad de estos señalamientos exige respuestas en primer lugar de solidaridad humana, que impulsen leyes y acciones para terminar con estos abusos. Con el precedente mexicano, es alarmante la extensión del PFS regional al triángulo norte, donde las fuerzas de seguridad no cuentan con el entrenamiento adecuado para garantizar que estos nefastos hechos no se repitan en la región.
