Estuardo Gamalero
“Saber lo que es justo y no hacerlo, es la peor de las cobardías” Confucio.
Como abogado, respeto la garantía de independencia judicial y estoy consciente que la administración de justicia debe darse libre de presiones. Sin embargo, me parece importante, no confundir los conceptos “soberanía” e “intromisión extranjera” con el trabajo de investigación y las recientes denuncias por hechos delictivos -documentados y de vox populi-, que han llevado a cabo el MP y CICIG en contra de varias personas. Es de vital importancia reconocer que la presión real sobre el Estado guatemalteco y sus funcionarios NO es de agentes externos, sino más bien de actores, factores y enfermedades del propio país.
De los tres organismos del Estado, el Judicial es el único cuyos miembros no son electos por el pueblo en elecciones generales. Los 13 Magistrados de ese organismo los nombra el Congreso de la República, luego de un proceso de postulación en el cual –idealmente– se buscó la exclusión de malos candidatos y la selección de los más idóneos, capaces y honorables.
La Corte Suprema de Justicia tiene a su cargo –en mi opinión– la tarea más importante de todo el aparato estatal: administrar justicia. El juzgar, conlleva la enorme responsabilidad de prevenir ilegalidades, velar por el cumplimiento de las leyes del país y sancionar a cualquier infractor, ya sea funcionario público o particular.
El Organismo Judicial y los jueces constituyen la garantía de que nadie es superior a la ley y que todo acto anómalo cometido por algún funcionario público o persona civil, será juzgado y sancionado en el marco de la legalidad. Hay muchos estudios que demuestran y vinculan la fortaleza de la Democracia, con el índice de desarrollo civil y económico de un país y la calidad en su administración de justicia: Mejor calidad judicial = más desarrollo civil y económico de la Nación = Democracia más sólida.
La crisis nacional, obedece a la falta de certeza jurídica que existe en el país o mejor dicho a la percepción que en este país las leyes funcionan a favor de los corruptos, ¿o no? Es innegable que los juzgados no han logrado satisfacer la demanda ciudadana de impartir justicia. Las razones son varias, pero fundamentalmente podemos destacar: falta de recursos económicos lo cual impide la atención de casos al ritmo que demanda el crecimiento demográfico; falta de independencia de varios magistrados y jueces que una vez nombrados responden a los intereses de quienes les patrocinaron; mal acompañamiento de los actores complementarios como lo son Policía Nacional Civil, Ministerio Público y Sistema Penitenciario. También podemos mencionar, las amenazas de estructuras criminales paralelas y por supuesto la alta vulnerabilidad y discrecionalidad administrativa a la cual se encuentran sometidos los jueces de instancias inferiores.
Tal vez el momento de mayor lucidez en cuanto a los valores de la justicia, es el que tenemos como estudiantes de leyes en los primeros años de carrera. Es en esa época, cuando tenemos más claro los fines del Derecho, el espíritu de una Constitución y sobre todo: entendemos que la justicia y la equidad deben prevalecer sobre las argucias de las partes y los abogados irresponsables que pretenden contaminar el sistema legal.
Guatemala es una República, que si bien ha crecido enormemente en muchos aspectos, sigue siendo pequeña en términos de conocernos y saber quién es quién y qué hay o qué hubo detrás de las personas y los eventos. La historia de la corrupción se remonta a la época de la Independencia y la mayoría reconocemos que por décadas, hemos sido una sociedad intensamente contaminada en todos los sectores y rincones del país. Salvo que como sociedad deseemos auto-condenarnos y convertirnos en una sucursal de la revolución venezolana, llegó el momento de poner un alto al modelo perverso de la corrupción y pensar en el futuro de las próximas generaciones.
Necesitamos voluntad política, legítima y objetiva, para combatir el flagelo de la corrupción, por parte de instituciones como el Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Procurador de los Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas y por su puesto la Corte de Constitucionalidad. Todos los que acabo de mencionar, coinciden en que fueron nombrados por alguien (organismo Ejecutivo o Legislativo) y por consiguiente esta crisis, es la prueba de fuego para que cada uno de sus miembros demuestre con acciones que son independientes y que su desempeño no está supeditado al interés particular de una persona o élite –nacional o extranjera-.
En alusión a los funcionarios públicos y esas personas que permanecen estoicos en sus trincheras, cierro con otra frase de don Confucio: “si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes”.
