Mario Álvarez Castillo
El Antejuicio planteado al candidato vicepresidencial y a diputados propuestos por el partido político Libertad Democrática Renovada, cada día que pasa agota el arribo a las programadas elecciones de septiembre, e incrementa un interesante abanico de opiniones de posibles como impredecibles consecuencias para el país.
En un caso como el actual, no rigen las disposiciones legales vigentes, sino sólo las diseñadas para la regulación, y en manera alguna para lo que concierne a los resultados en que no se involucran pruebas porque la finalidad es acertar en la conveniencia del despojo o no, de un privilegio, debido a que prevalece el mantenimiento de la institucionalidad.
Como en este ejercicio no se juzga porque no hay absolución ni condena, sobresale la inocuidad de lo investigado sea como aporte individual o colectivo. Esas innecesarias agregadas opiniones, no son de obligada aceptación. Cuando se citan como sustento de lo que se decide en la resolución final, solamente puede interpretarse como el deseo de apartarse de una responsabilidad que el cargo trae consigo junto a los riesgos de suyo imprevisibles.
Lo verdaderamente interesante del asunto que agita las aguas de una futura transición en la dirección y rumbo que se dará al país, radica en la valoración que justifica el derecho de la protección para determinados funcionarios. Es cuestión de escoger.
En el caso del aspirante al cargo de eventual sustituto del gobernante, de triunfar y que difiere de los otros, se sitúa en un extremo la presunta comisión de los delitos imputados y su gravedad, y en el otro, la conveniencia para el país de una eliminación de la participación del binomio inscrito. En el momento de la valoración, el asunto se convertirá en un auténtico caleidoscopio debido a la presencia de una variedad de resultados, que por naturaleza se dimensionarán en los espejos colocados para la encerrona. Valdrán las sugerencias de los versados en Derecho Constitucional; se apreciarán las sugerencias de los medios de comunicación; no faltarán las recomendaciones de los países que se hacen llamar amigos; sin olvidar la posibilidad de una incruenta quiebra del orden establecido aunque corrompido. Sin duda, algo se ganará si aceptamos que continuamos siendo un país subdesarrollado donde nuestros niños, que son nuestro futuro, lo gritan porque se mueren de hambre, porque los que sobrevivan crecerán condenados con una demencia anticipada y deberán estudiar si ello les alcanza, reposando sus famélicas carnes en blocks de cemento pues los presupuestos del Estado tan solo alcanzan para sueldos de ostentación como resultado de haber elegido mitómanos expertos en enriquecimiento fácil. Engullidos por el consumismo que nos hace creer que una mejor calidad de vida se encuentra en el caminar enchufados a un móvil y caminar en el túnel de la indiferencia que nos oculta que la plenitud del ser humano se realiza en el servicio a los demás. Nos disgusta el peregrinar correcto porque somos ciudadanos del dar menos porque merecemos más y lo mejor.
Al momento de votar nos satisface protagonizar como agentes del crayón negro sin procurar información de la vida pergeñada por el candidato que elegimos desde su infancia, porque de ese espacio puede surgir lo que cumplirá, no lo que abrevó en los mendaces estudios superiores. La sensibilidad hacia el que siente el dolor es lo que nos hermana, no el acatamiento a los convencionalismos sociales.
De lo expuesto se llegará a considerar que como resultado de todo este jaleo puede degenerar en un ya inusual paréntesis que excluya el orden constitucional para satisfacer los apetitos de quienes creyéndose poseedores de la verdad, dejan fuera la prudencia. Se convierte así el Antejuicio en juicio de valores, no precisamente de los que conceptúa la axiología, sino los de la conveniencia para el poderoso, allí radica su importancia y su peligro.
Suceda lo que suceda, será una excelente oportunidad para la Corte de Constitucionalidad como final acostumbrado.
