Jorge Mario Andrino Grotewold
Una de las reformas propuestas por el Tribunal Supremo Electoral, así como de múltiples organizaciones sociales que persiguen un cambio en el sistema político del país, es la modificación a las normas de financiamiento electoral, el cual en Guatemala es mixto, pues permite aportes privados regulados, así como cuenta con un financiamiento público para los partidos políticos, después de las elecciones y de conformidad con los votos recibidos.
Alrededor del mundo, existen ejemplos de modelos diferentes sobre el financiamiento electoral, dejando algunos países que sea exclusivamente de naturaleza privada, pero siempre debidamente regulado –identificado, inscrito y auditable-. Estos países tienen la característica en común que cuentan con instituciones jurídicas y políticas fuertes y sostenibles, además de una cultura ciudadana profunda. En estos países, la corrupción si bien no está eliminada, es más reducida, y en todo momento es censurable pública y legalmente. El financiamiento privado responde a promover apoyo político a partidos tradicionales con historia, o bien a motivaciones de la popularidad de los candidatos y cuenta como incentivos particulares, entre otros, como el estímulo de una compensación tributaria, con límites plenamente definidos.
Otros países, al financiamiento privado lo han eliminado totalmente, derivado de los casos notorios de tráfico de influencias, corrupción notoria y favoritismo en las gestiones públicas, tales como el nombramiento de funcionarios o el establecimiento de políticas públicas favorables a los financistas. Estos son los casos de los países con instituciones débiles, que incluyen normas jurídicas vagas y cuyos sistemas de justicia y en específico de justifica electoral, no alcanzan a resguardar los intereses de la población, mediante la censura pública y legal de anomalías al recibirse los aportes financieros. Este modelo no es muy popular tampoco con ciudadanos responsables, pues no les parece que sus impuestos sean invertidos en procesos políticos fallidos o faltos de transparencia y sin resultados sustanciales.
En Guatemala, las reformas electorales anteriores incluyeron el establecimiento de un techo presupuestario para la campaña electoral, las sanciones por campaña anticipada y la obligatoriedad de los partidos de emitir informes al Tribunal Electoral sobre sus financistas, así como sus aportes. A pesar de todo ello, el TSE no ha podido regular estos aspectos, no porque no lo quiera, pues se ha denotado un cambio para bien en los magistrados actuales, sino porque no cuenta con herramientas políticas y jurídicas suficientes, que le permitan con total independencia, castigar a quienes infrinjan la ley.
Pero la pregunta subsiste sobre los posibles intereses que tendría un empresario honesto –pues se excluyen de este análisis lógico a quienes financian campañas con fondos provenientes de hechos ilícitos- para financiar una campaña electoral, valorada en miles de millones de quetzales. Puede entenderse la facilidad de invertir su dinero en mercados económicos que le rindan fruto a un largo, mediano o corto plazo, pues es la precisa relación de ganancia de cualquier empresario. Así ejemplos como bolsa de valores, certificados de inversión extranjera o la generación de industria o comercio, son entendibles completamente. ¿Pero…. “donar” su dinero a partidos políticos y candidatos para su campaña política? ¿Cuál será su interés de retorno a una donación o inversión de esa naturaleza? ¿Será creíble que su aporte es por la democracia y la confianza en los partidos, sin que signifique no solicitar nada a cambio?
Al ver los gastos de campaña sumados de todos los partidos políticos, con todo y lo importante que la representación popular y la democracia significan para cualquier Estado, es difícil no considerar que si este dinero fuere invertido en escuelas, hospitales o centros culturales y deportivos, nuestra historia pudiera cambiarse en un futuro próximo. Soñar no cuesta nada.
