Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Hace muchos años que venimos escuchando que el mejor Estado es el que menos interviene y que limita sus funciones a proporcionar seguridad y justicia, dejando que sea la iniciativa privada la que se encargue de todo el tema económica para generar desarrollo y prosperidad. Un Estado con funciones muy limitadas es el que predica la enseñanza en algunas universidades porque se vilipendia todo lo público, generalmente asociado con corrupción, en tanto se exalta lo privado como panacea.
Llama la atención, sin embargo, ver cómo es que muchos de los grandes teóricos de esa teoría saben sacarle raja al Estado cuando se presenta la oportunidad. Hace muchos años conversaba yo con uno de los más dilectos teóricos del neoliberalismo, cuyo nombre me reservo porque la conversación fue privada y en plano de amistad, y discutíamos porque él estaba aprovechando todas las ventajas que ofrecía ese Estado tan odioso a efecto de beneficiarse con exoneraciones fiscales que caían en el plano de los famosos privilegios que según la teoría del libre mercado, destruye la posibilidad de que pueda existir neutralidad en las relaciones económicas. La Ley General de Electricidad, promovida por algunos de los egresados de la célebre casa de estudios, ofrecía una amplísima exoneración fiscal a quienes se dedicaran a generar energía eléctrica y este amigo aprovechó la circunstancia para beneficiar sus otros negocios.
Me acordé de esto cuando leí que la Presidenta de la Comisión Nacional de Electricidad y prominente figura dentro de los tanques de pensamiento libertarios y acérrimos críticos del Estado, tiene una empresa de consultoría que se dedica prácticamente con exclusividad a dar asesorías al sector público en el tema energético y se ha beneficiado por contratos de varios millones de quetzales. Según el señalamiento que se hace contra la licenciada Urízar, el personal que trabaja para la empresa privada tiene, además, contratos laborales con el INDE o la misma CNEE, lo cual de confirmarse sería algo comparable a lo que se le achaca al diputado Pedro Muadi.
En otras palabras, el Estado es odioso, hay que reducirlo a su mínima expresión y limitar sus funciones a las de policía y juez, pero mientras llega el momento de concretar ese sueño, hay que sacarle raja a como dé lugar y aprovechar las ventajas que ofrece para obtener beneficios mercantilistas. Una cosa es la prédica en la cátedra universitaria en la que se les explica a los jóvenes las perversidades de un Estado entrometido que tiene que ver, regula o controla el mercado de la energía eléctrica, por ejemplo, y otra muy distinta es poderse sacar provecho a ese Estado inepto que, cabalmente por débil e inepto, se ha convertido en un tremendo foco de corrupción.
El viejo amigo, ya fallecido, y que era gurú de esos temas, respondió a mis críticas sobre la forma en que estaba aprovechándose de ese vilipendiado e inútil Estado. Mientras esas sean las reglas del juego hay que jugar con ellas y si eso deja beneficios es culpa de quienes los disponen y no de quienes los reciben. Tal fue su respuesta que no amerita mayor comentario.
