Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El artículo 113 de la Constitución de la República establece que los guatemaltecos tenemos derecho a optar a empleos o cargos públicos, y que para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez, aspiración que me parece excelente, pero difícil de concretar porque no se definen parámetros para calificar esos atributos. Sin embargo, grupos ciudadanos plantearon al Tribunal Supremo Electoral que tome en cuenta esas condiciones exigidas por la Constitución y como resultado de ello se logró que fueran eliminados de los listados de aspirantes a cargos públicos a 34 ciudadanos cuya honradez fue cuestionada.
Eso quiere decir que Guatemala es un país que puede afirmar con orgullo que tiene más de 18 mil personas que, a juicio del Tribunal Supremo Electoral, reúnen esos requisitos y por lo tanto fueron inscritos como candidatos a diferentes cargos de elección popular. Al día 6 de julio iban 6 mil solicitudes y el Partido Libertad Democrática Renovada (Lider) podía presumir de tener 2,528 ciudadanos idóneos, capaces y honorables que eran de los que había registro de su solicitud para participar. La Unidad Nacional de la Esperanza disponía de 1,537 aspirantes con idénticas cualidades, en tanto el muy cuestionado y de capa caída Partido Patriota todavía tuvo arrestos para juntar 1,445 personas que pasarán el rasero de la capacidad, idoneidad y honradez. Increíble, diría cualquiera a la luz de lo que se ha ido conociendo en estos últimos tiempos, pero cierto a juzgar por el sistema de calificación utilizado por el Tribunal.
En el caso de las personas que han sido condenadas por juicios de cuentas no hay tela que cortar porque la misma Constitución no las deja aspirar a ser diputados, aunque sí que puedan dirigir no sólo cualquier municipalidad, un ministerio o aun la Presidencia de la República.
Evidentemente el rasero del Tribunal Supremo Electoral y de su Registro de Ciudadanos debe tener algunas diferencias con el de la opinión pública porque de los más de 18 mil guatemaltecos que habían solicitado su inscripción como candidatos a algún cargo fueron descartados 34, mientras que la ciudadanía seguramente hubiera pensado que quienes se han pasado cuatro años en el Congreso si aprobar más leyes que las que les piden poderosos empresarios que manejan enormes chequeras, no merecerían ser calificados ni de idóneos, ni de capaces y menos aún de honorables. Pero la inmensa mayoría de los diputados van por la reelección, sin que nada ni nadie se los impida.
No digamos los alcaldes que manejan los municipios como sus feudos, que enturbian el manejo de los recursos mediante la práctica de los fideicomisos (razón más que suficiente para dudar de la honradez), pero que pueden presentarse sin que la autoridad electoral repare en ese detalle, no digamos el de la idoneidad y capacidad de quienes no han podido resolver problemas como los viales, el saneamiento ambiental o el abastecimiento de agua en sus respectivas jurisdicciones.
Por algo se empieza, dirán algunos y ciertamente peor es nada. Pero es una píldora demasiado grande para ser tragada esa de que hay más de 6 mil políticos idóneos, capaces y honrados que por esos atributos tienen el derecho a buscar un hueso.
