María José Cabrera Cifuentes
mjcabreracifuentes@gmail.com
En febrero de 2012, al iniciar el actual periodo de gobierno, muchos guatemaltecos vimos una luz en el discurso presidencial que se refería a repensar la actual política de drogas, prohibicionista y nefasta en cada uno de los aspectos que la conforman.
La premisa del fracaso de la guerra contra las drogas fue la conclusión a la que llegó la Comisión Global de Políticas de Drogas, un grupo de notables entre los que se cuenta Koffi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, y que hoy más que nunca se sigue probando atinada.
Prueba de lo que afirmaron ellos en su momento, y que enérgicamente respaldo en el presente artículo, es la reciente fuga del temido capo «Chapo Guzmán» de una prisión de máxima seguridad en México. Esto demuestra la incapacidad que se tiene de ponerle un alto a la narcoactividad de forma frontal.
Y si en México les juegan así la vuelta, ¿Qué se puede esperar de Guatemala? El narcotráfico está tan inmerso en el sistema que no sería raro que sea fuente de financiamiento político y que su operación sea expedita debido a su enquistamiento en los aparatos institucionales.
Sin embargo, el tema sigue teniendo grandes detractores individuales y colectivos. El desconocimiento sobre la materia es generalizado y la ignorancia de experiencias exitosas ampliamente difundida. Fácilmente se alude a argumentos moralistas para negarse a debatir sobre las posibilidades reformistas, olvidando que la educación, formal y familiar, es el principal instrumento de la prevención.
La reforma a la política de drogas es inminente y debe discutirse antes de que la situación sea insostenible, asumiendo que no lo es aún. En Guatemala surgió la chispa que se extendió por todo el hemisferio, pero que finalmente se consumió habiendo dejado, al menos, un poco de fuego de esperanza en algunas naciones de la región que ni siquiera tenían el tema como prioridad de su agenda.
Si bien la solución no puede encontrarse en el esfuerzo aislado de un solo país, cada uno de ellos desde el papel desempeñado en el ciclo de la narcoactividad, -productor, de tránsito o consumidor- deben asumir la responsabilidad que les toca. Pero, como en todas las cosas, se tiene que empezar con la propia reforma para lograr el efecto deseado.
La criminalización de la droga ha tenido un efecto funesto en las sociedades y el prohibicionismo imperante desde hace décadas se ha mostrado ineficaz. Es apremiante dejar de percibir el tema como de seguridad pública y encararlo con toda la urgencia que tiene uno de seguridad nacional. La fuga del Chapo es solamente una muestra de lo infructuosa que resulta la guerra contra las drogas, pero si se hace un recuento de los efectos, lo que expongo resulta aún más tenebroso y se hace enormemente obvio.
A pesar de la premura del tratamiento de otros temas en apariencia más importantes para la coyuntura actual, quienes asuman el gobierno el próximo 14 de enero, deberán enfrentar el reto que la reforma de la política de drogas significa. El desarrollo del país tiene que ser integral y este es un tema que, sin duda alguna, no debe quedarse olvidado por cuatro años más.
