Jorge Mario Andrino Grotewold
La situación actual de la niñez y adolescencia en el país sufre de sus más altas crisis, especialmente porque ha sufrido y sufre aun de un abandono sistemático del Estado, al que no le queda otra más que aguantar periódicamente los problemas que surgen, ya sea por aquellos que transgreden las leyes y son confinados a centros de detención; o bien cuando los niños sufren de maltrato o abandono, y deben ser trasladados a hogares para su cuidado y resguardo.
Un abandono sistemático involucra temporalidad en ese proceso de no ocuparse de las causas y efectos de la niñez con grados de problema, y además significa que sistémicamente no cuentan con presupuesto adecuado, infraestructura suficiente, normativa reglamentaria idónea ni personal especializado para el tratamiento de niños, niñas y adolescentes.
Guatemala es signataria de una serie de instrumentos internacionales en materia de la niñez, que han servido de soporte y actualización a la Constitución Política, la cual garantiza una serie de elementos que favorecen a la niñez y la adolescencia, pero que en la práctica no se cumplen. Dentro de estas normativas, también las internas encargan a una Secretaría de Bienestar Social, la responsabilidad de educar y cuidar de esta niñez, cuando ésta sea transgresora o bien maltratada. Pero esta responsabilidad ha sido fallida de los gobiernos desde hace muchos años, y el actual no escapa a la crítica.
Los hogares que reciben a los niños(as) y que luego se convierten en adolescentes, que han sufrido maltrato o abandono, no cuentan con los insumos de calidad y necesarios para esa niñez, ni tampoco con personal especializado que dé seguimiento a sus casos, y que busquen a la familia cercana que pueda resguardar al menor, con condiciones de riesgo, sino también opciones futuras como las familias sustitutas o bien acciones que establece la ley PINA (Protección Integral de la Niñez y Adolescencia). La función de resguardo se cuestiona también, cuando existen solicitudes de autoridades administrativas y judiciales que persiguen la verificación del estado de estos hogares, y bajo tecnicismos, contrariedades e incumplimiento de órdenes, no se permite el ingreso a estos centros, con la aquiescencia de las autoridades superiores de la Secretaría.
Y el sistema de centros de detención para la niñez y adolescencia que transgrede la ley tiene una gravísima situación en sus manos; dos vías plantean una crisis que con seguridad estallará pronto, pues estos centros reciben aquellos jóvenes que provienen de las maras y que han sido encontrados delinquiendo, por lo que al recibirlos no son estratégicamente ubicados ni analizados como un factor de riesgo para ellos mismos, para la población del centro y para la ciudadanía, en caso de algún escape. Y además de ello, múltiples denuncias sobre el mal trato de parte de las autoridades, quienes debieran ser los principales interesados en resguardarlos, en lugar de violarles sus derechos.
Sin supervisión adecuada, sin condiciones de seguridad integral para proteger a la niñez y sin un verdadero compromiso de las autoridades al más alto nivel, solo puede pensarse en una receta para el desastre, siendo algunas situaciones los asesinatos de adolescentes ocurridos hace meses y las lamentables muertes recientes de los monitores, quienes al parecer intentaban detener un motín o un escape del centro. La responsabilidad penal debe llegar hasta las máximas autoridades responsables, por acción u omisión.
Sin estrategias de prevención ni de formación educativa y valores para las familias de donde provienen las niñas, niños y adolescentes, ya sea para evitar su maltrato o su ingreso a una pandilla que les obligue a delinquir, la niñez está desamparada, algo que los candidatos a Presidente en las futuras elecciones debieran considerar e incluir dentro de sus planes de gobierno. ¡Guatemala lo necesita urgentemente!
