Víctor Hugo Godoy
El 25 de mayo de 1993, en medio de una grave crisis de gobernabilidad, el presidente Jorge Serrano suspendió parte de la Constitución de la República, disolvió al Congreso, destituyó la Corte Suprema de Justicia y pidió al TSE la convocatoria a elecciones. El TSE no atendió la petición, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional lo actuado por Serrano y junto con algunos mandos militares restablecieron la institucionalidad. El 4 de junio el Congreso elegía a Ramiro de León Carpio como nuevo presidente para culminar el período constitucional y recuerdo que Ramiro nos contó que entre sus primeras tareas estaba salir al interior del país para respaldar y rescatar la imagen de los diputados. “Ya salí con Paicito” nos dijo, refiriéndose al diputado por Zacapa.
Traigo a colación este episodio porque aquella crisis duró 12 días (desde el Golpe hasta la toma de posesión del nuevo Presidente); sin embargo “el clamor popular” inducido por la élite económica y militar produjeron lo que se llamó la “depuración” desde la famosa Instancia Nacional de Consenso y produjo cosas en agosto como esta que transcribo:
“EXPEDIENTE No. 268-93 OPINIÓN CONSULTIVA. CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veinte de agosto de mil novecientos noventa y tres. I. SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA: El Congreso de la República, en ejercicio del derecho que le concede el Artículo 171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, comparece ante esta Corte para solicitar opinión consultiva respecto a: a. Si es posible restringir o reducir el actual período constitucional para el que fueron electos los Diputados al Congreso de la República, legislatura 1991-1996; y b. Si es posible adelantar el proceso electoral para la integración de una nueva legislatura y cuáles serían los mecanismos legales y constitucionales aplicables para dicho proceso…”
¿Se imaginan al Congreso actual pidiendo esto? El Congreso aquél fue obligado a decretar una contrarreforma constitucional que legalizó su propia depuración, reduciendo el período de los diputados y se defenestró la Corte Suprema de Justicia y se crearon Comisiones de Postulación casi para cada puesto, a la vez que se restringieron las funciones de la Banca Central y del propio Congreso. Todo ello a través de negociaciones y acuerdos políticos dominados por la élite económica y militares afines que decidieron hundir el sistema político, santificando en aquellos días al PAN y al FRG como los únicos partidos “presentables”.
Quise recordar esto porque he dicho que la crisis actual puede tener una salida civilizada, como hasta ahora han sido las manifestaciones ciudadanas, con una recalendarización electoral; sin embargo, pareciera que como la protesta ahora si ha sido masiva, las decisiones cupulares temen que el ánimo reformista y la enjundia con que la que se reclama la soberanía que le pertenece al pueblo no aconsejan dar más victorias que las ya ganadas. Por supuesto, que la crisis de 1993 era un pequeño temblor en comparación con el terremoto que ahora la CICIG ha venido provocando con sus investigaciones.
