Juan José Narciso Chúa
La situación política ha sido favorable para los secuestradores de la política, así como para los conservadores que buscan la persistencia del sistema político. Uno de los factores que más ha restringido la posibilidad de viabilizar las reformas políticas de fondo, ha sido el tiempo. De hecho, el tiempo que ha mediado entre aquel positivo día del 25 de abril y la actualidad, ha sido un factor negativo para incidir con mayor fuerza sobre la clase política, pues para ellos es prácticamente su salida de la comodidad que les ha otorgado dicho sistema, no sólo usurpando una curul, sino además ser beneficiarios de negocios derivados de aprobar, improbar o empantanar proyectos de ley, sumado a ser parte de los réditos que implica la obra pública incluida dentro del Listando Geográfico de Obras. Un negocio redondo, ganando una retribución mensual con poco trabajo demostrable y aún así obtener ganancias por acción u omisión en el Legislativo y finalmente, flujos de rentas por obra coludida. Fuentes de fondos lícitos para generar fortunas ilícitas.
La cercanía de la convocatoria a elecciones generales, ha sido otro factor adverso contra la demanda ciudadana, pues su cercanía ha reducido la capacidad de ejercer mayor presión del soberano para cambiar las reglas del juego en donde la sociedad en general sea la beneficiaria o ganadora fundamental. La propuesta de modificar el cronograma electoral planteaba una posibilidad para ganar tiempo para implementar las reformas de fondo que se buscaban: a) reducir el financiamiento privado de los partidos políticos; b) no permitir participar a partidos políticos en áreas geográficas donde no tengan organización partidaria; c) la no reelección; d) la implementación de cuotas –mujeres, jóvenes e indígenas–; d) profundizar el papel de los Comités Cívicos; e) permitir los partidos distritales; entre los principales.
La poca visión de las élites económicas para trascender en las reformas del sistema político; es otro factor adverso, pues su posición se limitó a acusar al gobierno de turno, sin considerar la necesidad de eliminar la reelección y así terminar con una clase política que secuestró la vida política por conveniencias personales y se convirtieron en defensores de privilegios de empresas nacionales e internacionales. Esta actitud demuestra que se aceptaron modificaciones, se actuó contra funcionarios como la exvicepresidenta, pero se adujo defender la institucionalidad manteniendo a un inútil presidente, para lo cual tomaron el camino de la legalidad, contratando para ello abogados que les dictaminaran lo que querían escuchar, sino vea quiénes fueron los abogados contratados.
La embajada sigue siendo el factor clave en todo el esfuerzo por evitar cambios de alto calado; lo cual significaba también una mejora sustantiva en las relaciones binacionales y cambios fundamentales en la geopolítica centroamericana y mexicana, que beneficiaría a las propias relaciones internacionales con Estados Unidos. La argucia de la defensa de la institucionalidad también resulta absurda y falta de prospectiva si ocurrieran cambios fundamentales en el sistema político del país.
La conformación de la Corte de Constitucionalidad, cuando aprovecharon la ausencia de la Magistrada Presidenta, también resultaron la instancia legal defensora del sistema conservador, pero hoy cambió con la resolución de ayer de no suspender el antejuicio contra lo que queda del General Pérez Molina, viene a cambiar la composición de la CC y con ello se pueden viabilizar cambios políticos de profundidad y que podrían redundar en un Estado de Derecho más democrático que el actual y hoy podría darle legalidad a los cambios legítimamente requeridos por el pueblo de cara al futuro.
En suma, aún con los factores adversos que se han enunciado, el poder del pueblo debe continuar con la presión ciudadana y no dejarse asustar con la falsa defensa de la institucionalidad. Nadie está buscando romper la institucionalidad, es una falsedad total. Hoy es el momento de acuerdos políticos estratégicos para cambiar el sistema político en beneficio de la sociedad y su ciudadanía y no de blandir una legalidad que perdió su completa legitimidad.
