Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Cuando empezó la crisis política escribí un artículo advirtiendo que no sería una lucha fácil porque era demasiado lo que estaba en juego. En realidad hablamos de miles de millones de quetzales que son el producto de la corrupción garantizada por la impunidad y era de imaginar que harían literalmente micos y pericos para proteger las estructuras que han permitido a un montón de mafiosos sacar provecho de la ausencia de instrumentos de control y auditoría en el país.
Cuando hablo de un montón quiero expresamente señalar que se trata de una multitud que opera desde las distintas instancias del ejercicio del poder. Desde los empleados menores que hacen la cacha hasta los más altos funcionarios que controlan los poderes del Estado porque no hay institución que se pueda considerar ajena al problema. Pero los ciudadanos centramos nuestra atención en las figuras más visibles y contra ellos se proyectó toda la carga, dejando que fuera del radar de una asqueada opinión pública quedaran operando con toda tranquilidad quienes han podido mover sus piezas precisamente para desmontar la reacción ciudadana y neutralizarla mediante propuestas como la de Reforma a la Ley Electoral hoy aplaudida por el llamado G13, grupo de países que se dicen amigos y que no entienden ni jota de lo que está ocurriendo en Guatemala pero igual toman partido, actúan y opinan.
La comunidad internacional se ha ido alineando de manera muy clara con el sistema, entendiendo que hacen falta algunas reformas, pero sin cuestionar la existencia misma de una estructura profundamente enraizada de corrupción e impunidad.
Tras los golpes que la Comisión Internacional contra la Impunidad ha propinado en casos paradigmáticos que evidencian la forma en que se gestiona lo público en Guatemala y las complicidades que hay con distinto tipo de actores en el sector privado, no queda ninguna duda de que aquí hace falta una reforma mucho más profunda que la planteada tibiamente por el Tribunal Supremo Electoral y por los mismos diputados que, felices, se aprestan a darle trámite a ese tipo de iniciativas que ellos saben perfectamente que serán del todo inocuas. La posibilidad de una reforma como la que el país requiere se ve postergada porque se está vendiendo el espejismo de que el problema está en el Partido Patriota que ahora ya no huele ni hiede y que a partir de enero, como cada cuatro años, empezará una nueva ilusión encarnada en una breve luna de miel provocada por el triunfo electoral de alguna de las facciones que se disputan el poder.
Este fortalecimiento del sistema, que empieza a sentirse libre de serias y verdaderas amenazas, no hará sino crear serios problemas de gobernabilidad en el futuro porque lo único cierto y concreto es que el sistema fortalecido será más corrupto y más impune. Los tiempos que se aproximan serán, además, de saqueo brutal porque siempre quedará la duda de cuánto tiempo tendrán para robar antes de que el pueblo vuelva a hartarse y por ello no perderán tiempo.
La pregunta es si así como el sistema supo fortalecerse, la ciudadanía sabrá actuar en consecuencia para hacerse respetar. Sólo Dios y el tiempo tienen la respuesta.
