Marco Tulio Trejo Paiz
Es injusto y condenable que al personal despedido en varios ministerios, entre ellos el de salud pública en el que mangoneaba Francisco Arredondo y en la Procuraduría General de la Nación, en el que también hacía lo mismo, Vladimir Aguilar, no paguen desde hace más de dos años los salarios devengados.
Entre las víctimas de los despidos están profesionales académicos y modestos trabajadores administrativos, quienes, al reclamar sus derechos, les dicen que no hay fondos para cubrir los adeudos. ¿Habrán malversado o robado esos fondos los funcionarios corruptos?, dicen visiblemente indignadas las personas que nuevamente nos han visitado para hacer pública la denuncia de tamaña injusticia.
Ya dijimos en otra ocasión que el Inspector General de Trabajo y el titular de la cartera de ese ramo simplemente se encogen de hombros y se lavan las manos como Pilato cuando se les reclaman los derechos de referencia y, lógicamente, lo que acontece constituye otro motivo para desprestigiar al gobierno de don Otto Pérez Molina.
El personal desplazado viene sufriendo serias consecuencias de carácter pecuniario desde cuando lo pusieron de patitas en la calle sin pagarles los salarios respectivos de acuerdo con la ley laboral vigente, la que es pisoteada a sabor y antojo por los burócratas.
Ya es hora, en plena tarde, de solventar al gobierno de turno en cuanto a lo que el Estado está adeudando con derroche de abuso y de flagrante violación a la ley a los trabajadores desplazados sin mayores ceremonias y privándolos de los emolumentos para sufragar los gastos de subsistencia.
Quienes prestan sus servicios en las empresas privadas son más afortunados que los echados y las echadas a volar de los ministerios y de la Procuraduría General de la Nación, porque en el preciso acto de removerlos les deben pagar sus salarios y las prestaciones correspondientes.
Una orden expresa y terminante del presidente Pérez Molina resolvería ese relegado problema.
Mi leal amigo Juan Pueblo piensa que dicho caso, además de injusto, tiene el tufo de la corrupción.
