Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Los guatemaltecos desconfiamos unos de otros y nos descalificamos unos a otros, pero en las condiciones actuales es urgente y fundamental que podamos establecer un acuerdo nacional que involucre tanto a los sectores sociales como a las élites del país, para definir una agenda básica que nos permita el rediseño del Estado con la finalidad concreta y puntual de atacar la corrupción y la impunidad, vicios que van de la mano y que se nutren el uno del otro.
Es este un momento en el que encasillarnos en un debate ideológico alrededor de variadas reivindicaciones no nos llevará a lograr la conformación de esa masa crítica que hace falta para ponerle fin a un sistema que nos está empobreciendo a todos, que niega oportunidades a la población, que alienta la inseguridad por la ausencia de castigo a los criminales y que pone en gravísimo riesgo la estabilidad económica en el mediano plazo, lo que tendrá consecuencias funestas para todos los sectores y estratos del país.
Mientras no acabemos con el sistema de corrupción e impunidad de nada nos sirve el diseño de otras políticas que estarán siempre sometidas a su ejecución a cargo de funcionarios corruptos o que pueden ser torpedeadas judicialmente por jueces y magistrados venales.
Necesitamos modificar el sistema político para elegir a nuestras autoridades y el cambio tiene que ser profundo, de raíz, empezando el financiamiento y por prohibir la reelección que se ha probado como un instrumento bien aprovechado por los corruptos. Tenemos que modificar la normativa constitucional sobre la conformación del poder judicial y cuestionar la existencia de una Corte Constitucional que se ha convertido inmoralmente en tercera instancia y que usando su poder absoluto se ha alineado con el sistema de la corrupción para defenderlo y apuntalarlo. Tenemos que crear el mecanismo idóneo de control y fiscalización que sustituya a esa porquería que es la Contraloría de Cuentas de la Nación y debe modificarse la legislación sobre las compras y contrataciones del Estado.
Yo creo que esa tiene que ser la agenda mínima sobre la que debemos buscar acuerdos que involucren a los sectores sociales y a las élites para forzar al cambio que el país necesita y para enfrentarnos con valentía y determinación a la pléyade de corruptos que están moviendo todas sus piezas para continuar con el latrocinio en el país.
Los grupos sociales tienen que entender que la corrupción le roba a la gente la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, mientras que las élites tienen que entender que su influencia y poder se ve amenazada seriamente porque los que acumulan el dinero de la corrupción les han ido desplazando. Ya lo pueden ver en casos concretos en los que el verdadero poder económico no les corresponde a los tradicionales sino a quienes a fuerza de concesiones y privilegios, producto de la corrupción, ahora son los meros tatascanes.
Ese acuerdo es fundamental para lograr un cambio ordenado y la comunidad internacional, tan celosa de las formas, debe entender que ahora el cambio sería asegurando gobernabilidad. De no llegar al acuerdo, el cambio llegará más tarde y a costa de la gobernabilidad, contra un gobierno débil, ilegítimo e igualmente corrupto. Que el sistema caerá, no hay duda. La cuestión es cómo y cuándo.
