El último caso de corrupción destapado por la CICIG viene a ser en muchos sentidos paradigmático porque sirve para evidenciar que no existe el más mínimo pudor en el manejo de los recursos públicos y que hay políticos tan pichicatos que se convierten en literales rateros. Cualquiera pensaría que quien llegó a diputado como representante de la cúpula empresarial del país y que por esa única condición terminó siendo electo Presidente del Congreso, se esmeraría en que su corrupción fuera como la que han hecho sus pares, es decir, encubierta en sofisticados negocios y no un burdo trinquete en el que se embolsó el sueldo del personal de seguridad que le custodió durante ese año.

Como ha pasado con tanta frecuencia, todo indica que su seguridad era pagada por fuentes externas (sus verdaderos jefes) porque la misma era privada. Pero el diputado Muadi vio la oportunidad de nombrar a esos quince agentes para embolsarse mensualmente noventa mil quetzales que iban directamente a la cuenta de su empresa particular. Se escuchan comentarios de que la cantidad robada, más de seiscientos mil quetzales, no es como para armar tanto alboroto ni para atacar la “honorabilidad” de un empresario. Sin embargo, ese negocio demuestra su catadura moral y de ser probado nos hará pensar cuánto le habrán significado otros negocios hechos en el Congreso, entre ellos el que se le derrumbó con la compra de las cámaras filmadoras para vigilancia del Palacio Legislativo.

¿Es Muadi un caso extraño y aislado de nuestra fauna política? Absolutamente no, porque lo que él hizo lo hacen en muchísimas dependencias donde existen plazas fantasma o se venden los puestos. Pero, además, es una muestra de cómo nuestros sistemas de control y verificación son absolutamente inútiles para detectar la corrupción. Algunos estiman que el monto de la corrupción debe rondar por el 20% del total de egresos del Estado, pero si reparamos en casos como el de Muadi nos damos cuenta que hay muchas áreas en las que la corrupción significa más del 80% de lo que se eroga, lo que eleva muchísimo el promedio de la cantidad de recursos públicos que sirven para el enriquecimiento ilícito de tanto sinvergüenza.

Tanta gente que no piensa en el baldón que significa para sus hijos y parientes cercanos la mancha de la corrupción. Y no lo pensaron porque nunca imaginaron que en este país llegara el día en que se empezara a plantear la rendición de cuentas. Gracias a la CICIG estamos en esa senda, pero el trabajo de depurar el sistema, de salir de la podredumbre, nos corresponde al final a los guatemaltecos que tenemos que decir ¡Basta! y mandar a la punta de un cuerno a tanto ladrón.

Artículo anteriorUrge un acuerdo sobre corrupción e impunidad
Artículo siguienteSe incrementan los patrones climáticos que causan olas de calor