Jorge Santos
La Declaración de Nuevo León, signada por la mayor parte de Estados en la Cumbre Extraordinaria de las Américas celebrada en Monterrey, México establece que “la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan la moral de los Pueblos, atentan contra el Estado de Derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos para el desarrollo”, es decir que la corrupción junto a la impunidad socavan la débil democracia y la vigencia plena de los derechos humanos.
Las organizaciones sociales, populares y de derechos humanos durante muchos años, han sido claras en manifestar que la corrupción es uno de los tipos de abuso de poder y arbitrariedad que violenta de manera directa o indirecta los derechos humanos reconocidos por el Estado guatemalteco. Limita sustancialmente los recursos disponibles para la garantía efectiva y el desarrollo progresivo de los derechos económicos y sociales. De esa cuenta es que la Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos de las Américas ha reiterado hasta la saciedad que la corrupción atenta tanto contra los derechos civiles y políticos, así como contra los de orden económico, social, cultural y ambiental. Además debilita la administración de justicia y al Estado de Derecho. Cabe señalar por ende que la incapacidad del Sistema de Justicia de sancionar el saqueo y el desfalco de las arcas del Estado y la persistencia de recurrentes fenómenos de impunidad socava la confianza de la sociedad en las instituciones democráticas.
Distintos medios de información han denunciado la rampante corrupción del gobierno del exgeneral Otto Pérez Molina sin que el sistema de justicia, realizara acciones encaminadas a impulsar investigación y persecución penal contra los responsables de la misma. No es sino gracias a la CICIG que el 16 de abril del presente año conocemos tan sólo el inicio de una serie de investigaciones que han empezado a develar las dimensiones de la corrupción y los rostros principales de corruptos y corruptores. Luego del caso conocido como “La Línea” y la identificación de una estructura dedicada a defraudar en aduanas, pasando por un contrato millonario para la atención de enfermos crónicos renales, la participación de diputados en negocios obscuros con el IGSS y/o el otorgamiento de plazas fantasma por parte de un expresidente del Congreso de la República son tan sólo la punta del hilo de una enorme madeja que habrá que ir deshilando.
Este saqueo impune de recursos públicos se ha traducido en una larga lista de bienes suntuosos que contrastan diametralmente con las muertes de niños, niñas por el hambre, contrasta con la ausencia de pago a maestros, contrasta con la falta de medicamentos e insumos médicos en hospitales. Tocará por lo tanto a la ciudadanía construir la democracia desde abajo y desde la calle, que recupere el sentido honesto y transparente de un quehacer político al servicio de los Pueblos y no de un pequeño grupo de la población.
