Francisco Cáceres Barrios
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El Organismo Ejecutivo, diputados al Congreso y Contralor General de Cuentas a estas horas estarán llamando a los juristas asesores, que siempre están dispuestos a prestar sus «desinteresados» servicios, ante la atinada decisión del grupo de abogados encabezados por Flaminio Bonilla y Roberto Villeda Arguedas, quienes a nombre de la ciudadanía iniciaron una acción constitucional de amparo contra los diputados que han ocupado las curules del Congreso durante las últimas tres legislaturas, porque les vino del norte incumplir lo que preceptúa el inciso d) del Artículo 171 de la Constitución vigente de «aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, y previo informe de la Contraloría de Cuentas, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas, que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior».
¿Podrá alguien ser capaz de aducir en defensa de los responsables que si no lo hicieron fue para no poner en riesgo la «institucionalidad» del país, argumento que se empleó para proteger al presidente Pérez Molina acusado de incumplimiento de sus deberes? Nos ha tocado comprobar tal cantidad de barbaridades cometidas por funcionarios y sus asesores jurídicos que incumplieron sus obligaciones, que nada extraño sería ver que otra vez recurran hasta con la corte celestial para así continuar con la descarada impunidad que nos agobia. Pero si alguien preguntara: ¿Qué importancia tiene tal desobediencia a un mandato constitucional? Pues para empezar, simple y sencillamente, esos mal llamados «representantes» no supieron, ni saben todavía ni jota de cuánto, ni en qué, se gastaron muchos miles de millones de quetzales que los ciudadanos aportamos al fisco a través del pago de nuestros impuestos y contribuciones.
Si ese trabajo se hubiera hecho puntualmente como lo determina la ley, se habría cumplido con la efectiva función fiscalizadora del Organismo Legislativo, se habría puesto a flote el cúmulo de barbaridades cometidas por una de las más deficientes administraciones públicas de nuestra historia, así como contenido el derroche que se comete año tras año y, algo más importante todavía, la estimación más precisa de cuánto se han embolsado nuestras flamantes autoridades. Pero hay algo más grave aún, que la Contraloría no haya revisado las ejecuciones presupuestarias y si así fue, ahora es cuando surgiría otro derecho ciudadano más para manifestar con mayor fuerza su protesta por el delito masivamente cometido y para reiterar nuestra exigencia de su renuncia y castigo a todo aquel que haya desobedecido sus deberes constitucionales. Llegó el momento entonces de no permitir más deficiencias, errores y hasta delitos cometidos en perjuicio de los intereses populares como la salud, el bienestar y el progreso de nuestra nación.
