Isabel Pinillos – Puente Migraciones
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Actualmente la Comisión del Migrante del Congreso, dirigida por el diputado Paul Briere de la bancada Todos, se encuentra impulsando el proyecto para un “Código Guatemalteco de Migración” que propone abarcar la migración en sus cuatro fases: origen, tránsito, destino y retorno. Se inspira en principios que actualmente se reconocen internacionalmente en materia de derechos humanos. Este proyecto concentra el esfuerzo de miembros de la sociedad civil creados para la protección de los derechos de los migrantes.
Sin embargo, llama mucho la atención el primer artículo del código que establece: “El Estado de Guatemala reconoce el derecho de toda persona a migrar por lo cual puede entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional…”. Sorprende que dada la presencia de las organizaciones que integran la mesa de trabajo, no se hayan incluido en las disposiciones generales de manera explícita a los migrantes guatemaltecos que se encuentran en el extranjero. De entrada pareciera que se trata de un código que protege los derechos de aquellos que están primordialmente dentro de nuestro territorio, con muy pocas disposiciones sobre nuestros connacionales afuera del país.
Aún con los esfuerzos de expertos, sociedad civil y legisladores que velen por los derechos de los migrantes, la elaboración de una legislación en la materia es una tarea sumamente compleja, especialmente tomando en cuenta el carácter transnacional del problema.
No obstante, dada la falta de voluntad política que el Congreso ha mostrado para aprobar leyes, si este proyecto pasa a lectura del pleno, no se puede dejar nada en el tintero, por lo que el proyecto debe abarcar los temas de manera completa y comprensiva.
Es de reconocer que se pretende descriminalizar el fenómeno migratorio, dándole un enfoque humano en la protección a los migrantes, y en especial las disposiciones relativas a la protección de los menores no acompañados, pero aún falta establecer herramientas para atender otros aspectos que afectan a la población en el exterior. La vulnerabilidad en los documentos de identificación, uno de los tantos problemas de nuestros paisanos, se continúa ignorando. Aún cuando es necesario legislar sobre los derechos de los extranjeros que ingresan al país, ¿por qué no se ha hecho una propuesta legislativa que alivie los problemas que más afectan a nuestros connacionales desplazados?
Al proyecto se le han invertido horas y recurso humano de organizaciones pro-migrantes, pero como producto de este esfuerzo vemos una propuesta legislativa que poco favorece a los guatemaltecos en el extranjero. Actualmente la red consular y Conamigua tienen a su cargo atender a los migrantes en el exterior, con un claro traslape de funciones, en parte porque las instituciones se crearon de manera desordenada. Ahora se propone la creación de un nuevo ente rector denominado Instituto Guatemalteco de Migración, que dentro de sus funciones también velará por los intereses de los guatemaltecos en el extranjero. A la misa de dos padres se agregaría ahora un tercero, financiada con fondos públicos.
Después de la crisis humanitaria originada por los menores no acompañados el año pasado, las migraciones se afianzaron en la opinión pública. Sin embargo, éste no es un tema coyuntural, es la realidad -que sólo va en aumento- de millones de guatemaltecos que viven afuera de nuestras fronteras y que han sido invisibles para nuestra sociedad. La vulnerabilidad de los migrantes incrementa al salir de Guatemala. Es en el trayecto donde ocurren la mayoría de las violaciones a sus derechos, y allí el Estado se ha olvidado de ellos. Sus voces han sido calladas, sus identidades borradas. Si no es la Comisión del Migrante del Congreso, ¿quién buscará legislación a favor de sus derechos?
