Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Es indiscutible la fuerza del movimiento contra la corrupción y la impunidad en el país, tanto así que quienes quieren defender al sistema a toda costa se han dado a la tarea de explotar la peculiar característica de los guatemaltecos de desconfiar hasta de su propia sombra con el fin de convertir en petate del muerto todo lo que sirva para revivir los fantasmas del extremismo. He dicho que este movimiento gira alrededor de un sentimiento común en torno a los temas de corrupción e impunidad porque estoy seguro que la gente sensata del país entiende que de nada sirve plantear otro tipo de reivindicaciones mientras no establezcamos un sistema en el que se reconozca que todos somos iguales ante la ley y que los recursos públicos están al servicio de la población en general.
Con muy mala leche se ha propagado la idea de que ya vienen los izquierdistas a aprovecharse del momento para llevar agua a su molino o que, por el otro lado, los empresarios están reviviendo la experiencia de la Instancia Nacional del Consenso para procurar que las reformas sean como la de prohibir al Banco de Guatemala que sea agente financiero del Estado para darle a los bancos privados el gran negocio de ser los prestamistas.
El movimiento ciudadano es ajeno a cualquier tipo de reclamos oportunistas porque lo que en el fondo quiere la gente, que despertó de un prolongado letargo, es que se modifique un sistema que ha permitido cada cuatro años a una nueva camada de políticos embolsarse millones mediante negocios que han hecho con quienes operan como proveedores, contratistas o concesionarios del Estado mediante prácticas mañosas que ponen dedicatoria a los negocios públicos.
Por supuesto que hay muchas cosas que cambiar en el país, pero mientras tengamos un sistema judicial cooptado en el que no puede asegurarse que prevalezca el derecho, de nada sirve cambiar normas porque de todos modos los que controlan al poder judicial venden las resoluciones al mejor postor sin que el imperio de la ley valga un comino. Mientras los funcionarios públicos sigan actuando con criterio de azadón, para llevarse el dinero público, de qué sirve definir políticas serias de acuerdo a tendencias ideológicas si lo que el final de cuentas determina todo es el pisto de quienes compran resoluciones, decretos o disposiciones.
El meollo de la protesta y de la exigencia ciudadana es ponerle fin a la corrupción que llegó a niveles de cinismo en los últimos tiempos y que ha sido posible porque existe toda una estructura de impunidad que en vez de castigar al ladrón lo premia con la ausencia de señalamiento, no digamos de condena.
Gracias al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad hemos podido ver cómo funciona el sistema. Pero la Junta de Licitación de la hemodiálisis en el IGSS no es un caso aislado; así funcionan todas las juntas de licitación integradas por personal sin experiencia ni conocimiento que tiene que firmar si quiere preservar el chance. Y eso para no hablar del contrato abierto, de los fideicomisos, de las compras por excepción y cuanta maña pueda inventarse para dedicar el negocio al compadre hablado.
Acabemos con esos vicios y, después, busquemos solución a otros problemas que hoy por hoy se agravan precisamente por la corrupción y la impunidad.
