*Julio Roberto Bermejo González
Han sido numerosas las críticas que se le hacen al Congreso de la República porque no ha cumplido con su función primaria de legislar y ahora está evidenciando que tampoco ha cumplido con su función de fiscalizar. Está evidenciado que los señores diputados se han preocupado más de sus intereses personales haciendo negocios con los recursos públicos, y se han olvidado de lo que les correspondería conforme nuestra legislación, que es ser representantes de los intereses de las poblaciones que los eligió. Por todo lo anterior los diputados han perdido legitimidad y el pueblo les reclama la irresponsabilidad manifiesta.
El país se hartó de la corrupción existente en todo el cuerpo del Organismo Ejecutivo y también está harto de la impunidad que se ha establecido, todo lo cual ha tenido un origen primario: La persona de la señora Baldetti y la actitud irresponsable del presidente Otto Pérez Molina. Ambos han sido señalados de enriquecimiento indebido y de ser parte de estructuras corruptas de saqueo del erario nacional.
La sociedad guatemalteca ha sido tolerante, pero la inconformidad y la protesta ha estallado en forma contundente y pacífica y ya la vicepresidente señora Baldetti renunció, adelantándose a la inminente declaratoria que la dejaría sin inmunidad por parte del Congreso de la República, lo que dio lugar a que este mismo organismo eligiera a Alejandro Maldonado Aguirre como Vicepresidente. El clamor popular era que el licenciado Maldonado Aguirre cumpliera la función de reorientar la función del Organismo Ejecutivo y combatir la corrupción, pero eso no se ha dado y por el contrario siguen apareciendo negocios sucios de toda índole.
La Corte Suprema le ha dado curso al trámite antejuicio al presidente Otto Pérez Molina y estando todos los diputados plenamente conscientes del enriquecimiento indebido y los altos niveles de corrupción que se le señalan, es de esperar, en una tardía expresión de moralidad política, que declare con lugar el antejuicio.
El presidente Pérez Molina ya no gobierna y cualquier acto que realice carece de legitimidad y si todavía tiene una lejana responsabilidad política, en aras de restablecer el equilibrio institucional, el cual ya está roto, debería renunciar y enfrentar como hombre responsable de sus actos a la justicia, ya que si no es autor de alguna ilegalidad no debe temer. La Constitución señala el camino para resolver esta situación.
El pueblo clama con mayor intensidad porque algunas leyes sean reformadas, empezando por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, porque ya es insoportable el comportamiento mezquino e irresponsable de la clase política. No es razonable que entremos a un proceso electoral con la misma gente que ha corrompido al país. Ya la sociedad civil y los centros de pensamiento han discutido y logrado consensos sobre lo que debe reformarse. Se debe superar que los Partidos Políticos sean simple maquinarias electoreras y que dejen de cumplir su función básica de intermediación entre la sociedad civil y la autoridad y que, además, ignoren que los Partidos Políticos deben de ser escuelas de formación cívica y política, entendiendo esto en su mejor sentido.
El Congreso de la República no debe asumir la posición de empezar a discutir las reformas necesarias a una serie de leyes, porque ellas ya están discutidas por el poder soberano que es el pueblo y solo le debe corresponder aprobarlas y que se pongan en vigencia inmediata.
Señores diputados, el país está en una encrucijada y ustedes deben responder haciendo lo que les corresponde y no esperar que la ira popular los alcance.
Doctor en Derecho*
