Oscar Clemente Marroquín
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Lo que no pudo hacer el presidente Pérez Molina, es decir pasarle la presión de la opinión pública al Congreso mediante la presentación de iniciativas coherentes con el clamor popular, lo terminó haciendo la Corte Suprema de Justicia al darle trámite a un antejuicio presentado contra el gobernante. Porque los diputados se encuentran en un verdadero brete porque si mantienen la inmunidad presidencial se echan encima a toda la gente que está en el movimiento de protesta, en tanto que si lo declaran con lugar y el Presidente termina renunciando o siendo separado del cargo, el proceso de elecciones al que le están apostando se verá seriamente comprometido.
Porque el argumento que han estado esgrimiendo todos los que defienden el proceso electoral que está en marcha y para el que el pueblo fue convocado por el TSE, perdería fuerza si al frente del país queda el actual Vicepresidente que no tiene un mandato popular y que, por lo mismo, se vuelve mucho menos simbólico en términos de que a toda cosa deba apuntalarse el “Estado de derecho” y la institucionalidad.
Jurídicamente el antejuicio planteado es posiblemente uno de los menos sólidos de todos los que ya ha conocido la Corte y de los que se han promovido en contra del presidente Pérez Molina, pero obviamente en estas circunstancias las consideraciones de tipo jurídico no son las más importantes porque está en juego la cuestión política y los políticos tienen que decidir qué les afecta menos para sus propios intereses. Obviamente el partido Lider es el poder más importante en el Congreso y por esa condición y por seguir apareciendo como puntero en el proceso electoral, es el que más se juega en esta decisión que deberán tomar los diputados.
De una u otra manera la continuidad de Pérez Molina en la Presidencia es la certeza de esa llamada “institucionalidad” por la que apuestan muchos. Mientras las cosas sigan como están al día de hoy, habrá elecciones y el próximo enero habrá cambio de gobierno y a eso le apuesta la clase política en general. Para ellos sacrificar a Pérez Molina no es una simple mancha más al tigre, puesto que entienden que eso hará crecer más aún la presión popular. Obtenido el objetivo de las manifestaciones ahora, que es la remoción del Presidente, el problema no termina para los diputados ni, mucho menos, para los candidatos presidenciales porque la gente sabe que con la renuncia o remoción de Pérez Molina no se ha resuelto en el fondo nada de lo que nos tiene a todos indignados.
El tema de la corrupción y el deterioro institucional del país es mucho más profundo y ahora la gente lo entiende. El Congreso se ha mantenido libre de presiones y le ha funcionado el entretener la nigua con las mesas de trabajo y la oferta de aprobar una reforma a la Ley Electoral, pero este golpe maestro que les propinaron los magistrados de la Corte Suprema, que por cierto intenta así lavarse ante los señalamientos de cooptación, pasa la pelota al terreno del Congreso y a ver qué deciden hacer los diputados.
