Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Ante la evidencia de que el sistema político está secuestrado por los financistas de las campañas políticas, hay propuestas para atacar directamente el problema a fin de romper ese vicio de tráfico de influencias que hace que los candidatos ganadores tengan un solo compromiso que honrar, es decir, pagarles a los financistas con los recursos del Estado y garantizarles que podrán seguir medrando a costillas del hambre de un pueblo que no logra mejorar nunca en desarrollo humano.
Por supuesto que los que se dedican a financiar a los políticos no van a soltar la presa fácilmente y van a recurrir a cualquier argumento para facilitar que la fiesta siga. Dirán que lo importante es que haya transparencia en el financiamiento, como si eso fuera garantía de que no hay deudas por pagar. Dirán que es libertad de acción y de opinión darle dinero a cualquier fuerza política de sus simpatías y que es atentatorio contra la libertad prohibir financiamientos privados. Dirán que la opción del financiamiento público es torpe porque alentará que se formen partidos sin representación sólo para cosechar ese financiamiento.
Empezando por lo último, hay que decir que en Guatemala no tenemos un solo partido que sea representativo, que sea verdadero canal de la participación ciudadana porque todos son grupos electoreros que se organizan para negociar, para obtener beneficios personales, sea mediante el financiamiento de campañas o la venta de candidaturas. Si nos enseñan dónde está el partido que merezca tal nombre podremos pensar que no ha sido la ambición de unos dirigentes la que ha inspirado la enorme cantidad de partidos que hay en el país. En otras palabras, los partidos también se forman a lo loco tras el financiamiento privado y lo harán mientras el pueblo lo permita y los avale con su voto.
La transparencia en el origen de los fondos no es garantía de que no habrá pago de facturas, puesto que mientras no tengamos instrumentos de fiscalización y control adecuados, siempre se encontrará la forma de otorgar negocios a empresas de cartón, a testaferros o directamente a los que pusieron el pisto para las campañas. El problema no está en la falta de transparencia. Todo mundo sabe, por ejemplo, que Gustavo Alejos ha sido financista de campañas políticas y eso no ha impedido que sea el gran proveedor de medicinas a sucesivos gobiernos, incluyendo el actual.
La libre expresión y el derecho a poner uno su pisto donde le da la gana tienen un límite siempre. No se pueden usar derechos en perjuicio de los derechos ajenos y de las libertades. Cuando el aporte del dueño de un sistema de empresas de comunicación es muchísimo más importante que el voto de la gente, ¿A quién le va a responder el político cuando llegue al poder? ¿A la demanda concreta de quien necesita concesiones y pauta de gobierno para hacer dinero o a la demanda sin forma ni compromiso de un pueblo que dio su voto sin reclamar a cambio ni siquiera un compromiso para la ejecución de un mandato?
Los mercaderes van a pelear con uñas y dientes para no soltar la presa. Es demasiado preciado el negocio como para dejarlo ir así por así.
