Félix Loarca Guzmán
Conforme pasan los días, se intensifican las peticiones de numerosos sectores de la sociedad guatemalteca, para que el presidente Pérez Molina, presente su renuncia, al considerarlo responsable de la ingobernabilidad que existe en el país, como consecuencia de las redes de corrupción desmanteladas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, en las altas esferas de las instituciones del Estado.
Ayer martes renunció el abogado Gustavo Martínez al cargo de Secretario General de la Presidencia de la República, aumentando la desbandada del gobierno y del partido oficial. Cada vez, el gobernante se va quedando solo, pero aferrado al poder gracias al apoyo de la Embajada de la Avenida de La Reforma y de los comandantes del Ejército.
Pérez Molina ha reiterado que no va a renunciar, pues dice que tiene el mandato constitucional de entregar el puesto el 14 de enero del año próximo, a quien resulte electo en las elecciones presidenciales.
En las gigantescas movilizaciones realizadas en las últimas semanas en la capital y en numerosas ciudades del territorio guatemalteco, cada vez se oyen con más fuerza expresiones como estas: «Ya no lo queremos», «Que se vaya». La principal demanda en estas manifestaciones ha sido la renuncia del presidente Pérez Molina, junto a la exigencia de poner un freno a la corrupción.
Entre las peticiones de renuncia más significativas, sobresalen las del Colegio de Abogados, de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú y de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, la máxima entidad de Prensa del país.
En su pronunciamiento, la APG exige a Pérez Molina, que presente su dimisión, por violar continuamente la Constitución Política de Guatemala.
También pide al Ministerio Público y al Organismo Judicial con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, que continúen la lucha frontal contra la corrupción, agilizando la persecución penal, el castigo y la devolución de lo robado, por funcionarios del Estado y del sector privado.
Rigoberta Menchú dice que el General Pérez Molina carece de toda legitimidad y es un derecho ciudadano revocar su mandato. También demandó juicio y castigo a los autores intelectuales y materiales de los crímenes de corrupción.
