Luis Fernández Molina
El clamor general exige el retorno –o la implementación- de un Estado de Derecho firme, funcional y confiable para el beneficio de todos los habitantes de este país. Para ese efecto es menester: a) reformar las leyes –muchas leyes-; y b) respetar las leyes que estén vigentes. Hay mucho que hacer y lo positivo es que la población acompaña en el esfuerzo. Ya no están “solas” las autoridades, ya no operan en las sombras. Ya sus maquinaciones pasan por el escrutinio social y sus hechos conocen la luz. ¡Qué bueno! La coyuntura es muy delicada y, en aras de la institucionalidad el proceso debe ser ordenado pues puede resultar más caro el remedio que la enfermedad.
REFORMAS EN GENERAL. La renovación y depuración del sistema exige escarbar lo más profundo de las raíces. Por ende son necesarias reformas constitucionales en primer lugar. Aquí van incluidas las reformas del sistema de justicia. Sin embargo, ya no hay tiempo para reforma constitucional antes de las elecciones, pero las reformas electorales no requieren tocar la Constitución (porque no desarrolla ese tema), aun así el calendario apremia. Además, sería ingenuo –casi estúpido- elegir constituyentes con esta Ley Electoral.
ELECCIONES LEGÍTIMAS. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Todos queremos comicios transparentes y legales. Ello implica que todos los actores deben acatar a la normativa electoral, para empezar el informe de los financistas debe ser público y realista (sin querer “babosear” con información de caricatura). Si no es así entonces la competencia electoral no se adecuaría al marco legal. Serían ilegales, acaso ilegítimas. Por ello el TSE debe exigir la aplicación de la actual ley y al mismo tiempo promover leyes nuevas.
SUSPENSIÓN DE ELECCIONES. La Constitución Política establece el plazo fatal de cada período –cuatro años—y contempla el traspaso de los poderes Ejecutivo y Legislativo, esto es, el próximo 14 de enero. Si no se realizan elecciones no habrá transmisión de mando y por ende habría un rompimiento formal de la Constitución (pues no habría reforma constitucional previa).
REFORMAS ELECTORALES. La coyuntura es oportuna para aprobar reformas estructurales, pero ya no es momento de implementarlas –las principales– en estas próximas elecciones de septiembre ya que el procesó arrancó conforme la actual normativa. La ley no tiene efecto retroactivo: “tempus regis actus”. De todos modos vale la pena hacerlo porque, operados los cambios, la nueva legislatura no hará nueva reforma en sus cuatro años. No creo que se atreva. Los efectos pues, no se verán en estas elecciones pero sí en el 2019 (y durante todo el período).
NO REELECCIÓN. Se ha convertido en una necesidad para evitar ese apoderamiento de puestos que a su vez fomenta el caudillismo y los compromisos partidarios. En otras latitudes más maduras políticamente la no reelección sería cuestionable, pero en nuestro patio es necesario prohibir que los alcaldes se reelijan, igualmente los diputados. Esta disposición será como el paso de un arado que remueve las capas de tierra estratificada. Es una decisión que responde al momento, acaso en un futuro, dentro de unos 20 años, con una sociedad más desarrollada se disponga algo diferente.
VOTO NULO EN GENERAL. Es una forma de expresión ciudadana. Si los votos nulos tienen mayoría entonces ¿la elección debe repetirse en una primera ronda? Y ¿en una segunda ronda? Hay aspectos que analizar. En todo caso, para estas elecciones no es conveniente votar nulo por cuanto se va elegir presidente y diputados, ya sea que voten 4 millones, 400 mil, o 40 mil ciudadanos. Con el voto nulo solo se empodera el voto de aquellos convencidos o comprometidos con determinados candidatos o bien de los acarreados.
