Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Un gobierno integrado por personas inteligentes, maduras y precavidas sabe cuándo, cómo y dónde es el momento que le conviene abordar un tema, esto evidentemente no sucede con el presidente Otto Pérez y la Cancillería, que para darle en el gusto al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, saliente, José Miguel Insulza, o al entrante, Luis Almagro, han acordado con el gobierno de Belice que la consulta que ha venido rodando desde el gobierno de Álvaro Colom, consistente en someter el reclamo territorial, insular y marítimo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) puede hacerse indistintamente en las fechas que estime conveniente Belice y Guatemala.
Pareciera que el Presidente y el partido “Patriota” quieren concluir su desfundado mandato con otra metida de pata, sin pensar que Guatemala está arriba de su criterio o de quienes en la OEA presionan para que lleguemos a una posible inconstitucional consulta sobre el tema.
Por qué no aceptan y reconocen su ineptitud, descuido y negligencia sobre el tema. Por qué el Congreso no comprende que debe revocar la autorización que en mala hora otorgó para que se efectuara una consulta con una pregunta inconstitucional y previa sobre si nuestro diferendo, territorial e insular y marítimo, debe someterse a la CIJ.
Por qué no aceptan y reconocen que ir a una consulta con desigualdad de normas es un tremendo acto de tontera y de falta de patriotismo.
Por qué pretenden ignorar que el artículo 19 de las disposiciones transitorias de la Constitución dice: “Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 73 de la Constitución”, lo que implica que no podemos someter a consulta una pregunta ilegal, que pretende que se acepte de forma anticipada una resolución de la CIJ, sin saber cuál es el contenido o laudo de dicha consulta.
Hacerlo, implica violar la Constitución por el Ejecutivo y el Legislativo, lo que vendría a agregarse a los ya muchos supuestos delitos cometidos durante el actual gobierno por el presidente de la República, adicionalmente por el Congreso.
Por qué tenemos que ir a una consulta que puede ser aprobada por un pequeño número de ciudadanos que concurrieran a la misma; mientras que Belice ha establecido que para que una consulta sea válida en ese territorio debe concurrir el 60% de sus ciudadanos empadronados, lo que implicaría que ellos y nosotros tengamos normas totalmente diferentes al respecto de la aprobación de la consulta.
Por qué no reconocen que hacer una consulta inconstitucional como la planteada significa para Guatemala, según la última opinión del Tribunal Supremo Electoral, invertir Q260 millones a los que habría que sumar Q100 millones en honorarios pagaderos en divisas a bufetes de abogados franceses, norteamericanos y de otras nacionalidades que serían los que tendrían que aceptar y defender el punto de vista de Guatemala en la Corte Internacional de Justicia CIJ, a lo que habría que adicionarse otros Q40 millones para que expertos guatemaltecos y personal administrativo preparara la documentación del caso y viajaran a Europa las veces que requirieran los abogados extranjeros contratados. Insisto, no puede incurrirse en una nueva equivocación en el tema de Belice.
¡Guatemala es primero!
