Estuardo Gamalero C.
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Cuando uno mira y analiza cómo funcionan las cosas, tendemos a cuestionar si éstas son lo que dicen ser o si son algo más, pues se desenvuelven como algo distinto.
La ley electoral y de partidos políticos en su artículo 21, literales e, y f, establece: “e) El límite máximo de gastos de la campaña electoral será a razón del equivalente en quetzales de un dólar de los Estados Unidos de América, por ciudadano empadronado hasta el treinta y uno de diciembre del año anterior a las elecciones. f) Ninguna persona individual o jurídica podrá hacer aportaciones que sobrepasen el diez por ciento (10%) del límite de gastos de la campaña”. De conformidad con el padrón electoral de las pasadas elecciones, el límite rondaba los 40 millones de quetzales por organización política.
De acuerdo a la información presentada por los partidos en las elecciones de 2011, misma que fue revisada por la Auditoria Electoral del TSE y confrontada con el reporte de los medios de comunicación social, hubo tres organizaciones que excedieron la suma de financiamiento permitida: el primer lugar: 126.9 millones de quetzales; segundo lugar: 94.8 millones de quetzales; tercer lugar: 56.5 millones de quetzales. Evito mencionar los nombres de las organizaciones, pues la intención no es dañar su imagen, sino más bien, concientizar a los dirigentes, al sistema financiero público y privado, a los donantes y a la ciudadanía en general, la importancia que tienen la transparencia financiera y el respeto de la ley en el resguardo de la Democracia.
En mi opinión, las dos razones fundamentales por las que debe preocuparnos el fondeo dinerario de los partidos en las elecciones generales son: I) en una democracia representativa y legítima, ninguno de los participantes debe gozar de ventajas fraudulentas que le permita incidir en el sufragio de la población y con ello contaminar la pureza del proceso electoral; II) las elecciones generales son la puerta de entrada de nuestro sistema político; si los recursos que reciben las organizaciones políticas provienen del narcotráfico, del crimen organizado o de capitales de dudosa procedencia, obviamente, esa contaminación comprometerá el actuar de los candidatos que resulten electos, quienes posteriormente tendrán facultades legales para nombrar terceras personas en puestos de trascendencia nacional. La ley establece límites para prevenir que fuentes económicas licitas e ilícitas “compren” candidatos y las elecciones: ¿Por qué no se respetan?
El financiamiento ilegitimo de las organizaciones políticas es un cáncer que corrompe el Estado de Derecho y prostituye la institucionalidad del país. Este flagelo lo ha reconocido: CICIG, embajadores de la comunidad internacional, la academia, profesionales, sectores empresariales organizados, activistas de derechos humanos y foros fundamentales de sociedad civil. Dicha convergencia es de vital importancia, pues resulta ser uno de los pocos casos, en que la gente buena coincide y reconoce la magnitud de la crisis que enfrentamos como nación.
Lamentablemente muchos identificamos el problema, pero todos hemos sido incapaces de articular los mecanismos que permitan reprender los financiamientos ilegales. En la práctica nos hemos topado con reformas a la ley electoral que engaveta el Congreso de la República y a la falta de voluntad de las instituciones afectadas, quienes directa o indirectamente tienen competencia en este tema para denunciar las irregularidades correspondientes.
El control del financiamiento privado lícito es bastante más fácil de monitorear, pues éste gira a través de la bancarización y está sujeto a las auditorías internas de las personas/empresas y eventualmente la SAT; sin embargo, el movimiento de capital prohibido llega muchas veces en efectivo, disfrazado de bienes o servicios, e incluso a las cuentas personales del cacique de la organización o de una fundación que este mismo controla.
Ciertamente, hay muchos cambios que podemos implementar, pero si queremos corregir el curso de la Democracia desde su génesis, Guatemala tiene que poner un alto y castigar drásticamente el financiamiento en exceso e ilegal de los partidos políticos. Los partidos políticos no deben requerir ni aceptar el capital de sus donantes, de la misma manera que una sociedad anónima hace los llamamientos de capital para el pago de sus acciones con derecho a voz, voto y dividendos.
